Mediante el decreto 3555/2022, el 9 de septiembre de 2022, Del Campo se deshizo del abogado municipal después de que la justicia anulara, por ser contrario a la ley, un intento anterior de destituirle a comienzos de 2020. El letrado fue obligado a jubilarse aunque un año y medio antes la misma alcaldesa le había autorizado a seguir en su puesto cinco años más. El Ayuntamiento paga cientos de miles de euros actualmente a abogados privados con la excusa de que no tiene letrados propios.
Ahora es el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Bilbao el que desautoriza, otra vez, a la alcaldesa, respalda al letrado, "declara no conforme a derecho" el decreto de Del Campo que forzaba la jubilación, obliga a readmitir al abogado y fija en 400 euros, sin incluir IVA, los gastos judiciales que debe pagar el Ayuntamiento por este caso, salarios atrasados del funcionario aparte.
La resolución, contra la que cabe recurso, advierte que Del Campo decretó en 2021 que el abogado podía seguir trabajando hasta los 70 años de edad y que la decisión de la alcaldesa al año siguiente de obligar al funcionario a jubilarse supuso una vulneración del derecho del trabajador.
Amaia del Campo ha intentado repetidamente durante años deshacerse de los dos abogados del Ayuntamiento y hasta la fecha ha fracasado, con repetidas sentencias de justicia declarando que actúa contra la ley. De hecho, un fallo anterior llegaba a afirmar que la alcaldesa había convertido en un "víacrucis" la situación de los letrados municipales.
La mandataria ha actuado repetidamente contra empleados públicos y contra miembros de su propio partido con los que mantenía diferencias.
Así, el instituto municipal de deportes Barakaldo Kirolak ha tenido cuatro gerentes en tres años, también se ha deshecho del director del Teatro Barakaldo y de la gerente del taller Usoa, ha forzado a dos empleados municipal a asumir contra su voluntad el puesto de jefe técnico de Personal.
Del mismo modo, el equipo de Del Campo ataca verbal y por escrito públicamente a un alto funcionario que, como parte de sus funciones de control de las actuaciones económicas, alerta de incumplimientos de las leyes en los contratos.
Además, en 2010 echó a los concejales Josean Álvarez y Juanjo Gutiérrez, que habían denunciado "irregularidades" en la actuación de la hoy alcaldesa y entonces concejala de la oposición. Y en el mandato 2019-2023 se desprendió de hecho de la edil Rakel Olalla, a la que sustituyó extraoficialmente como concejala de Mujer.
Cronología de las acciones de la alcaldesa contra los abogados del Ayuntamiento
- Solicitud del 27 de diciembre de 2018 por parte de uno de los abogados —funcionaria interina— para que se le reconocieran los complementos salariales que correspondían a su puesto de 'letrada asesora', cobrando lo mismo que su compañero desempeñando las mismas funciones
- Decreto de alcaldía número 791 de 25 de enero de 2019 que rechaza reconocer la reivindicación salarial
- Decretos de alcaldía 1/2020 de 2 de enero y 2/2020 de 3 de enero por el se dispone el cese de los dos abogados del Ayuntamiento de Barakaldo, por "pérdida de confianza" en relación con sus "reclamaciones económicas" y acusa a los funcionarios de "deslealtad manifiesta hacia la Alcaldía" porque no facilitó a Del Campo sus objetivos sobre una moción sobre la Fundación Miranda y un expediente denominado Elguezábal-Acasuso
- Sentencia de 24 de mayo de 2021 del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Bilbao por el por anula los decretos 1/2020 y 2/2020 por "ser contrarios a derecho", obliga a restituir en su puestos a los dos letrados, a pagarles los salarios pendientes y a abonar los gastos judiciales
- Solicitud del abogado el 25 de marzo de 2021 para prolongar su permanencia en el servicio activo
- Decreto de alcaldía número 3555/2021 de 26 de abril de 2021 que autoriza la prolongación hasta como máximo el 11 de julio de 2026 cuando el funcionario alcance los 70 años de edad
- Sentencia número 194/2021 por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de 25 de octubre de 2021 que declara "contrario a derecho" el decreto de 2019 que rechaza reconocer la reivindicación salarial de la letrada asesora
- Sentencia número 254/2022 de 6 de junio de 2022 de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ratifica la sentencia 194/2021 de reconocimiento de reclamaciones salariales. Resolución firme.
- Solicitud del 9 de septiembre de 2022 por parte del abogado pidiendo su derecho a que se prorrogue su permanencia en el puesto
- Decreto de alcaldía número 7764/2022, de 9 de septiembre, que dispone la jubilación forzosa del abogado con efectos desde el 11 de septiembre de 2022
- Sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Bilbao, de 27 de noviembre del 2023, que declara "no conforme a derecho" el decreto de alcaldía 3555/2022
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