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¿Por qué nadie quiere un puesto de 102.000 € en el Ayuntamiento? Quien lo acepte se arriesga a multas

La alcaldesa, Amaia del Campo, en unas jornadas en Cataluña
Barakaldo, 2 jun 2022. Ser funcionario y tener un salario anual bruto de 102.000 euros parece un chollo, especialmente en tiempos revueltos. Entonces, ¿por qué ningún empleado del Ayuntamiento de Barakaldo quiere esta posición? La respuesta es que es un regalo envenenado: debido a la actuación del Gobierno municipal, con alcaldía del PNV y con el PSE como socio, la justicia ha amenazado con multas, entre otros, al funcionario que sea el jefe de personal.

La pregunta se plantea tras conocerse que la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha decidido obligar a un trabajador municipal a ser responsable de la jefatura de personal. El nombramiento "forzoso" se ha producido porque, según la versión oficial, desde hace dos meses nadie está haciendo las funciones y ningún funcionario ha presentado su candidatura para cubrir la plaza. 

Los responsables políticos podían haber solucionado el caso hace tiempo porque sabían que la jefa de personal se iba a jubilar, pero en lugar de convocar el puesto, prefirieron hacer un encargo interino, que es temporal e inestable, y buscar a una persona de fuera de Barakaldo. Ahora no tienen a nadie: la interina dimitió el 9 de marzo, en el Ayuntamiento nadie quiere este puesto de riesgo y no se ha convocado aún una oposición o concurso para contratar a alguien.

La imposición de la alcaldesa llega no sólo cuando hay una advertencia de los tribunales, sino cuando la plantilla vive en un clima de malestar y miedo por las decisiones políticas locales, según indican fuentes municipales. La mandataria ha actuado repetidamente en los últimos años contra empleados públicos, como el intento, anulado por la justicia, de destituir a dos abogados por reivindicar derechos laborales, o como la decisión, también rectificada por el Gobierno Vasco, de anular parte del convenio colectivo.

Además, según los presupuestos, la institución, teatro, guarderías, Inguralde o Eretza aparte, cuenta con 657 empleados, pero más del 40% —269 personas— son interinos, lo que implica que sus plazas pueden ser convocadas y entregadas a otras personas. Ahora, por una ley del Gobierno central, debe resolverse su situación —"estabilizarlos"—, pero lo cierto es que la alcaldesa ha estado en los últimos años ignorando repetidos informes interno sobre la "ilegalidad" de contratar a temporales para cubrir empleos fijos.

Los puestos de trabajo tenían además que haber sido "valorados" —analizar funciones y salarios— antes de diciembre del 2021, pero no se ha hech. La falta de negociación en este asunto ha sido precisamente la que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia a amenazar con multas a la concejala Iratxe Foces (PNV), como responsable del área de recursos humanos —denominada ahora Gestión y Organización Interna— así como a los máximos funcionarios de esta sección, incluido quien ejerza de jefe de personal.


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