Barakaldo, 4 oct 2022. Echar al funcionario encargado de defender al Ayuntamiento en los tribunales no sale gratis. La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), que ordenó la
jubilación forzosa del incómodo abogado municipal, ha firmado varios decretos en los que, a falta del citado profesional, aprueba la contratación directa —a dedo— de despachos legales privados, con un coste de miles de euros.
La mandataria conocía de antemano cuándo obligar a jubilarse al letrado municipal, por lo que hubiera podido poner en marcha un proceso para disponer de un sustituto. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha convocado un concurso para tener otro abogado propio y, por el contrario, ha optado por seguir y ampliar su política de encargar a empresas externas los numerosos asuntos legales del Consistorio.
La fórmula utilizada es la de encomendar las demandas y defensas en tribunales a lo que se ha bautizado como "servicio externo de asesoramiento y dirección letrada". En definitiva, contratar a abogados o a despachos legales privados, lo que en el pasado inmediato ha merecido repetidas alertas de irregularidades formuladas por del máximo funcionario del Ayuntamiento en materia de contrataciones.
Lo cierto es que con la decisión de forzar la jubilación del letrado municipal, la alcaldesa ha conseguido matar dos pájaros de un tiro: se ha deshecho de un funcionario del que había dicho que había perdido la confianza y, al mismo tiempo, elimina también la razón por la que resultaba irregular o ilegal contratar a despachos legales privados, ya que, ante la falta de abogados propios, no queda otra que buscar afuera.
Así, si el 11 de septiembre se hacía realidad la "jubilación forzosa" del letrado del Ayuntamiento, 12 días después Amaia del Campo firmaba un decreto para dar directamente un contrato, sin buscar otras ofertas ni convocarlo públicamente, a la penalista Katia Martínez García por 2.541,00 euros —representación de agentes de la policía local— y, días después, hacía lo propio con
Rojas y Ochoa Estudio Jurídico SLP por 1.210,00 euros —demanda de la constructora Norako—.
Acudir a abogados privados no es algo aislado en el Gobierno de Amaia del Campo ni se produce ahora tras la expulsión de hecho del letrado funcionario. De hecho, la alcaldesa, ella misma licenciada en Derecho, inició su etapa en el poder contratando
irregularmente por 19.965 euros a un despacho de abogados privado para que hiciera una "auditoría" de las contrataciones "irregulares" durante las alcaldías pasadas, en manos del PSE.
De este modo, en mayo de 2022, el grupo político en la oposición Elkarrekin Barakaldo denunciaba que, hasta esa fecha, Amaia del Campo había contratado irregularmente abogados privados por
300.000 euros. Señalaba entonces como principales beneficiarios a las firmas Cuatrecasas, Ipar Bilbao y ACIES Abogados.
