• El Gobierno municipal ha contravenido no sólo la ley sino también el criterio del Tribunal de Cuentas • También ha sido irregular el desvío de 20.000 euros para pagar al despacho de abogados que realizó la auditoría • Además se ha incumplido el procedimiento de tramitación de contratos • Paradójicamente, ha contratado la "auditoría" el mismo departamento cuya actividad tenía que ser auditada • El PNV hizo competir a un representante de futbolistas y un equipo de abogados local sin cualificación con un gran despacho jurídico de ámbito nacional •
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"Resulta indiscutiblemente contraria a derecho la realización con cargo a fondos públicos y por terceros de controles o auditorías de gestión económica municipal contra el criterio expreso de la Intervención municipal"
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El equipo de Gobierno (PNV) del
Ayuntamiento de Barakaldo ha actuado de manera irregular para investigar las irregularidades ajenas. Así lo señala un informe técnico del Consistorio, del área de Intervención, que advierte del incumplimiento de la ley en el proceso en el que, por un importe de 19.965 euros, se encargó a un despacho de abogados privado que hiciera una "auditoría" de las contrataciones que hizo el pasado Gobierno municipal socialista. "La tramitación del expediente no ha sido acorde a derecho", afirma el máximo responsable técnico municipal en materia económica en un documento al que ha tenido acceso
Barakaldo Digital. El "reparo" destaca que los responsables políticos han optado en esta ocasión, como también hizo el PSE durante sus periodos de alcaldía, por pedir a juristas externos "informes relativos a cuestiones que ya habían sido objeto de informe anteriormente por un funcionario". Se produce así un doble análisis, que además supone un gasto extra por el consistorio, un procedimiento que los socialistas usaron también en sus 30 años en el poder de manera reiterada para desautorizar informes municipales. "Resulta indiscutiblemente contraria a derecho la realización con cargo a fondos públicos y por terceros de controles o auditorías de gestión económica municipal contra el criterio expreso de la Intervención municipal", afirma taxativamente el interventor, que también aprecia que no se ha justificado que hubiera "necesidad", como exige la Ley de Contratos del Sector Público. A esta situación se une una segunda irregularidad por parte del PNV y es contratar la "auditoría" cuando no había dinero reservado para ello en los presupuestos, obstáculo que la alcaldesa resolvió por decreto y contra el criterio de la Intervención. "El gasto que se pretendía no resultaba acorde a derecho", insiste la advertencia técnica, que explica que el control de gestión municipal está en las leyes "reservado" a los funcionarios y, en consecuencia "están vedadas estas funciones a contratistas de la Administración". A estos problemas se une además "deficiencias" como la mala tramitación de la contratación, la paradoja de que contrate la auditoría el mismo departamento auditado, que se gestione el presupuesto por un área municipal que no es competente para ello o que el PNV, que eligió a las compañías, hiciera competir por esta auditoría a una empresa de representación de futbolistas, a un pequeño equipo de abogados local no especializado y a un gran despacho jurídico experto y que está implantado en toda España. La conclusión es que en este caso, dada la tramitación, no se puede "asegurar el adecuado cumplimiento de principios básicos de legalidad, de objetividad y motivación de la actuación administrativa ni de economía y eficacia en la asignación de recursos colocando ahora al Ayuntamiento en la tesitura de verse obligado a dedicar caudales públicos a una necesidad inexistente".
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