Así se desprende de un informe de reparo emitido por el Departamento de Intervención del Ayuntamiento, el máximo órgano de fiscalización y control de la casa, que ha advertido de hasta 12 contratos realizados “indistintamente al letrado actuando como persona física y a la sociedad mercantil de la que forma parte”, que vienen incurriendo reiteradamente en “falta de justificación, ausencia total de procedimiento, y nulidad de pleno derecho”.
La portavoz de la formación de izquierdas, Itziar Celis, ha explicado que los hechos han quedado al descubierto en la última sesión plenaria, donde la mayoría de los votos del equipo de Gobierno aprobó abonar la última factura emitida por el letrado vinculado con el despacho de abogados del exintegrante de la ejecutiva del PNV (Euskadi Buru Batzar) y patrono de la Fundación Sabino Arana, el abogado Iñaki Goikoetxeta González.
Las adjudicaciones se han repetido desde al menos 2017, tanto en favor de la empresa vinculada a Goikoetxeta, como directamente a un abogado perteneciente a la misma firma del que el exmiembro de la ejecutiva del PNV era presidente y consejero delegado hasta que, en marzo pasado, se jubiló oficialmente.
La actuación del equipo de Amaia del Campo en el Ayuntamiento de Barakaldo, con la contratación de los servicios jurídicos del despacho de Goikoetxeta, se ha producido a pesar de que el propio Consistorio dispone de dos abogados que, según consta por escrito, pueden realizar las labores que se han contratado con la empresa privada. De hecho, el propio asesor jurídico del Ayuntamiento revela en ese mismo informe, que la orden de contratación con el letrado de la firma de Goikoetxeta se realizó verbalmente de forma directa por Amaia Del Campo.
La documentación técnica, a la que el equipo de Gobierno ha hecho caso omiso, advierte, del mismo modo, que no se han seguido los procedimientos básicos de contratación que exigen las leyes. Dada esta situación, los informes señalan que es un caso de “nulidad de pleno derecho” de las adjudicaciones, y que “no ha existido ni siquiera una apariencia de procedimiento ni de actuación conforme a derecho”.
