La sección 3.ª de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha fallado contra el intento de la alcaldía de que se dejara sin efecto una sentencia favorable a uno de los dos letrados municipales. En concreto, Del Campo intentó destituir a uno alegando "falta de confianza" a pesar de que el letrado había ganado su puesto en oposición hacía 32 años, en 1988. La justicia anuló la destitución en 2021 y ahora vuelve a reiterar que la alcaldesa actuó contra la ley.
El fracaso en su recurso implica que el Ayuntamiento, con dinero de los contribuyentes, tendrá que asumir otras vez los gastos del proceso judicial, según se establece en la sentencia número 000130/2023 del más alto tribunal en el País Vasco, que rechaza los argumentos de Del Campo en el sentido que de el perjudicado no es un funcionario sino un empleado de confianza política o "libre designación".
En su campaña contra los abogados, Amaia del Campo ha forzado la jubilación del abogado contra el que intentó la represalia ahora nuevamente anulada por los jueces. El caso del retiro obligatorio también está en los tribunales. La defensa de la posición del PNV en la alcaldía se paga ahora a abogados privados ya que los funcionarios están, al menos de momento, fuera de juego por medidas del equipo de la alcaldesa.
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