Así lo señala un documento jurídico, al que ha tenido acceso 'Barakaldo Digital', que destaca que el Gobierno local ha utilizado reiteradamente los contratos directos o 'a dedo' para encargar asuntos municipales a despachos jurídicos privados. En total, son una treintena las ocasiones en los últimos años en las que se ha pagado con dinero público a abogados externos teniendo letrados en plantilla.
El informe del área de Intervención de Cuentas, destaca que, para rematar esta trayectoria, la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV) ha obligado a jubilarse a uno de los abogados municipales, mientras se encuentra de baja la segunda, que ha ganado repetidamente juicios contra el Ayuntamiento por su situación laboral.
De esta manera, con los dos letrados fuera de juego, la mandataria va ahora a contratar a un despacho privado por 238.452,28 euros al año alegando que no tiene personal en el Consistorio y sin que haya hecho nada hasta la fecha para cubrir la plaza de abogado público que ha quedado vacante por la jubilación. El retiro forzoso, advierte además Intervención de Cuentas, fue decretado sin aval técnico.
Mientras estaba en la oposición, antes de que en 2015 ganara la alcaldía, Amaia del Campo (PNV) utilizaba repetidamente los documentos de la Intervención para denunciar en los medios las irregularidades en las contrataciones de los mandatos de Tontxu Rodríguez (PSE) y Alfonso García (PSE). De hecho, al llegar al poder, Del Campo contrató una "auditoría" externa cuyos datos usó para darlos a conocer por la prensa. Paradójicamente, la propia auditoría fue encargada de manera irregular y desde entonces el PNV ataca públicamente al funcionario que informa sobre las irregularidades.
Archivo
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