Los beneficios y menores obligaciones para el constructor se recogen en la propuesta que la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), lleva al pleno de la Corporación convocado de manera extraordinaria este 24 de enero y que consiste en modificar las actuales normas urbanísticas de Barakaldo (Plan General de Ordenación Urbana PGOU) en beneficio de la operación inmobiliaria privada.
La supuesta inviabilidad económica del actual diseño urbanístico previsto en el PGOU es la justificación que la empresa y el PNV utilizan para este aumento de ingresos y rebaja de obligaciones de gasto para la constructora.
Los beneficios para la compañía privada se concretan en que pueden construir en estos terrenos más pisos de los que hasta ahora estaban autorizados: aumento la edificabilidad en un 39% —pasa de 39.500 a 54.900 metros cuadrados— y de este modo puede hacer 549 pisos en lugar de 350. Además, se reduce el porcentaje de vivienda de protección oficial —cae del 35% al 20%—, de tal modo que suben los pisos de venta libre. Hay un 20% de vivienda de precio tasado municipal.
El proyecto, que también aumenta un 39% los locales comerciales a construir —de 1.975 a 2.745 metros cuadrados—, hace crecer los bloques de pisos, hasta las nueve alturas con doble planta baja, y da a la empresa un extra de más de 130 plazas de aparcamiento para vender.
Además, se libera a la constructora de tener que regenerar el 20% de los terrenos de la zona. De este modo, sólo actuará en donde hay beneficio urbanístico, con una superficie de 66.448 metros cuadrados, en lugar de los 83.748 que están en las normas urbanísticas (PGOU) que se quieren cambiar.
Los 17.300 metros que se abandonan corresponden a la ladera con huertas pero también a la zona del ferrocarril. El plan de la operación inmobiliaria dice que es "zona verde que será desarrollada mediante otras actuaciones municipales", de tal modo que será el Ayuntamiento el que tendrá que asumir con dinero público la recuperación de estos terrenos, en lugar del promotor, tal y como obliga actualmente el PGOU.
La promotora sostiene que este cambio de las normas urbanísticas de Barakaldo "permitirá abordar los elevados costes de realojos, movimientos de tierras y resolución de los problemas de contaminación de suelos existentes, así como las cargas de urbanización que, como la cobertura del ferrocarril o la creación del paseo de ribera del Cadagua, exceden, en rigor, de las obligaciones legales imputables al desarrollo del ámbito".
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