El último toque de atención conocido es de marzo. El interventor general de cuentas no deja lugar a dudas: "la adjudicataria del contrato de servicio de limpieza urbana y recogida y transporte de residuos, Valoriza Servicios Medioambientales SA (A287760692), está incumpliendo con varias de las obligaciones exigidas en el pliego de prescripciones técnicas así como con lo ofertado en su proposición".
Estas vulneraciones ya fueron observadas por los técnicos del departamento de Servicios Municipales en un informe del 12 de julio de 2019, pero la situación y se ha reiterado con un nuevo documento fechado el 21 de febrero de 2020. Sin embargo, y pese a la alerta legal de la Intervención General de Cuentas, el Consistorio sigue abonando el servicio, cuyo coste para las arcas municipales está previsto en 35,8 millones por cuatro años (8,9 millones al año).
Entre otros incumplimientos, la advertencia legal señala que "el servicio de desbroce no se realiza con los medios ofertados por la adjudicataria, el barrio de mantenimiento no se presta conforme a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), no consta la limpieza de aparcamientos municipales ofertada por la empresa, falta la limpieza de la mayoría de alcorques cerrados y no consta la limpieza de escaleras y paso subterráneos ofertada por el adjudicatario".
Ante esta situación, el informe afirma: "sólo cabe concluir que estamos ante incumplimientos por parte del contratista de obligaciones exigidas en los pliegos y de propuestas presentadas en su oferta, y, por lo tanto, todas ellas vinculantes y de obligado cumplimiento".
"En consecuencia, debería acudirse a lo regulado en la cláusula 23 del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) que establece que 'en caso de cumplimiento defectuoso o de incumplimiento de la ejecución total o parcial de las prestaciones objeto de este contrato por parte del contratista, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades", añade el documento de reparo legal. La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), puede ignorar este informe y decidir, pese a ello, el pago.
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