Este acuerdo de ocho votos sobre 27 se ha producido en medio de posibles demandas millonarias contra el Consistorio por parte de tres empresas: la que ha conseguido la adjudicación, la que la ganó originalmente (y después se la retiraron) y la que aspira a lograrla porque asegura que es la mejor oferta.
La decisión plenaria se ha adoptado tras una resolución del órgano de arbitraje del Gobierno Vasco (OARC) que ha anulado la concesión anterior, también decidida por el PNV en solitario y gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV). La rectificación ha sido forzosa porque la adjudicación a Enviser se produjo sin cumplir los requisitos, según OARC.
De este modo, se ha tenido que entregar el contrato a la segunda clasificada, Valoriza, pero se ha hecho sin volver a analizar todas las ofertas de las empresas presentadas, lo que ha supuesto la amenaza de acciones legales por parte del grupo empresarial UTE Cespa/Garbialdi/Samos, que considera que su proyecto es el que debe ganar, de acuerdo a los baremos establecidos por el Ayuntamiento.
"Nos ausentamos del pleno de Barakaldo por la inseguridad jurídica y la falta de transparencia en la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras". De este modo ha explicado el Partido Socialista (PSE), por las redes sociales, su actitud en la sesión, de la que se han marchado sus ediles tras arremeter contra la "mala" gestión del PNV.
Así, desde el PSE han hablado de "falta de diligencia de la alcaldesa", de "no saber estar a la altura de las circunstancias", de "ignorar la posición técnica" o de "generar incertidumbre entre los trabajadores". Además, han recordado que hasta este mes de agosto se han realizado pagos por el servicio de basuras por más de 21 millones de euros de forma irregular, porque el contrato se acabó legalmente el 31 de diciembre de 2015.
En el habitual cruce de acusaciones de los plenos, el PNV ha replicado que "la única irresponsabilidad" es la de los socialistas y ha asegurado que hay unanimidad de los técnicos. Del mismo modo ha indicado que la empresa a la que finalmente se ha entregado el contrato, Valoriza, había amenazado con una demanda del seis por ciento del presupuesto, lo que suponía 2,15 millones de euros.
El grupo Irabazi (de Izquierda Unida y Equo), que pide la gestión directa del servicio por trabajadores del Ayuntamiento, ha mostrado su temor a que el asunto termine en los tribunales "con dudosas consecuencias para los vecinos". Además, ha recordado que el tema se arrastra desde el comienzo del mandato, a mediados de 2015.
EH Bildu ya había mostrado en un comunicado previo al pleno su defensa de la municipalización del servicio y sus críticas la gestión de este expediente y la incapacidad del PNV para lograr un acuerdo con la oposición.
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> 30/12/2015. Barakaldo se queda sin empresa de recogida de basuras y limpieza desde el 1 de enero
Nota de prensa del equipo de Gobierno municipal (PNV)
El Ayuntamiento de Barakaldo acata la resolución del OARC que obliga a adjudicar a la segunda empresa el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras
- La alcaldesa Amaia del Campo había convocado por segunda vez un pleno para poder cumplir la resolución que es de obligado e inmediato cumplimiento después de que en julio la oposición votara no acatarla
- El equipo de Gobierno considera irresponsable el abandono del pleno por parte del PSE, ya que han abandono sus funciones que son por las que les pagan los vecinos
El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno dar cumplimiento a la resolución de obligado cumplimiento dictaminada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), mediante la cual el Ayuntamiento debía anular la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras y adjudicarlo a la segunda mejor oferta del concurso público.
El cumplimiento de la resolución ha salido adelante con los votos de EAJ-PNV y la abstención de Bildu, Irabazi y el PP. El PSE ha abandonado la sesión plenaria para no votar este punto.
“Desconocemos el motivo por el que el PSE no quiere cumplir la ley y los motivos por los que no quieren que el contrato se adjudique a la empresa que indica el OARC que debe ser la adjudicataria. Deberán explicarlo a los vecinos de Barakaldo. Lo único que tenemos claro, porque lo han vuelto a demostrar con la actitud irresponsable de esta tarde, es que están en campaña y tan sólo buscan el bloqueo del equipo de gobierno y la paralización del Ayuntamiento y de nuestra ciudad” ha recordado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Jon Andoni Uria.
“A partir de ahí hemos asistido a un cúmulo de mentiras por parte del PSE, intentando incluso haciéndonos creer que es la alcaldesa la que adjudica o no los contratos de este Ayuntamiento. Toda la información que consta en el expediente justifica la legalidad de la adjudicación que se ha llevado a cabo esta tarde. Intentar tergiversar la realidad con disculpas de mal pagador nos lleva a preguntarnos porqué el PSE trata de que este Ayuntamiento no pueda contar con un contrato actualizado y acorde a las necesidades de la cuarta ciudad de Euskadi”, se ha preguntado Uria.
“No podemos olvidar que este contrato debería haber sido renovado al final de la legislatura pasada, lo que hubiera posibilitado que nuestros vecinos y vecinas vinieran disfrutando desde entonces de un servicio adaptado a las necesidades de estos tiempo y con una maquinaria más moderna acorde a los tiempos y las necesidades de la cuarta ciudad de Euskadi, porque la actual tiene más de 10 años. El PSE no lo hizo y ha tratado de impedir que el Ayuntamiento contara con un nuevo contrato, es decir ni come, ni dejar comer” se ha lamentado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Aunque la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras se decidió en el pleno de marzo, días después una de las empresas que había participado en el proceso recurrió al OARC esa adjudicación (que había contado con todos los informes técnicos municipales favorables).
El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Gobierno Vasco, desestimó los argumentos esgrimidos por la empresa salvo uno, el que hacía referencia al turno de recogida de residuos los domingos por la tarde, motivo por el cual forzaba al Ayuntamiento a retrotraerse al momento de la adjudicación y le obligaba a adjudicar el servicio a la empresa que obtuvo la segunda mejor valoración.
El equipo de Gobierno informó en julio a la oposición de la resolución del OARC y un informe del Secretario municipal advirtió a los partidos políticos que “no caben ni interpretaciones políticas ni técnicas, hay que acatarlo porque es de obligado cumplimiento y de ejecución inmediata”. Aún así los partidos de la oposición en el pleno del mes pasado votaron en contra de acatar la mencionada resolución del OARC, aún cuando reconocieron que era obligatorio acatar la resolución que tiene idéntico valor que una sentencia judicial. PSE y PP votaron en contra y Bildu e Irabazi se abstuvieron, mientras EAJ-PNV fue la única fuerza que votó para a favor de que se cumpliera lo resuelto por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales.
REQUERIMIENTO PARA CUMPLIR LA RESOLUCIÓN
Después de que los partidos de la oposición impidieran con su voto en el pleno de julio que el Ayuntamiento pudiera acatar el recurso, el pasado 2 de agosto el OARC requirió al Ayuntamiento que hiciera efectiva su resolución, y le recordó que era “de obligado cumplimiento y de debía ejecutar de manera inmediata”. La alcaldesa convocó una comisión el pasado 8 de agosto, donde las técnicas jurídicas municipales de los departamentos de Contratación y de Servicios Municipales volvieron a recordar la obligatoriedad de cumplir el recurso del OARC y las consecuencias jurídicas que podían acarrear para el Ayuntamiento y los propios corporativos el seguir incurriendo en la desobediencia.
“La empresa que debe ser adjudicataria del contrato, según la resolución del OARC, ha presentado un escrito al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales y al propio Ayuntamiento en el que advierte que la desobediencia de la resolución por parte de los partidos de la oposición le está generando daños y perjuicios y que se planteaba el inicio de acciones legales contra los corporativos porque su actuación contravenía las normas de la contratación pública y definía su comportamiento como de ilícito penal”, ha recordado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Jon Andoni Uria.
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Nota de prensa del PSE
El PSE-EE se ausenta del pleno de Barakaldo por la inseguridad jurídica y la falta de transparencia en la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras
- Los socialistas consideran una irresponsabilidad de la alcaldesa convocar un pleno extraordinario a mitad de agosto, con los técnicos intervinientes en el proceso de vacaciones, para adjudicar por tercera vez el mayor contrato municipal
- Alertan de que el Ayuntamiento se enfrenta a posibles indemnizaciones de más de 2 millones de euros debido a la mala gestión de Amaia del Campo y su equipo de Gobierno
Los ocho concejales y concejalas del PSE-EE de Barakaldo se han ausentado hoy del pleno municipal extraordinario convocado por la alcaldesa (PNV) para adjudicar el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. La bancada socialista considera que no existen las mínimas garantías de información, transparencia y seguridad jurídica para participar en la votación con responsabilidad.
El Partido Socialista cree que Amaia del Campo ha cometido una irresponsabilidad con la convocatoria a mitad de agosto de este pleno extraordinario para adjudicar a una empresa el mayor contrato municipal (35,8 millones de euros). Y es que el personal técnico interviniente en este proceso está de vacaciones. Se trata, además, de la tercera propuesta de adjudicación en cuatro meses, lo que coloca al Ayuntamiento de Barakaldo en riesgo de tener que asumir el abono de indemnizaciones millonarias a alguna de las empresas afectadas.
Según la documentación disponible, no es difícil aventurar que este tema lo termine resolviendo el juzgado de lo contencioso administrativo y con la obligación del Ayuntamiento de abonar cuantiosas indemnizaciones (más de dos millones de euros) debido a la mala gestión política del proceso.
“De esta falta de diligencia o inacción de la alcaldesa y su equipo de Gobierno se pueden derivar responsabilidades para las arcas municipales que tendrían que pagar todos los vecinos y vecinas de Barakaldo por no haber adoptado las medidas cautelares necesarias”, ha advertido la portavoz del PSE-EE, Ana Belén Quijada.
CONTRA EL CRITERIO TÉCNICO MUNICIPAL
Para entender lo ocurrido hoy, hay que remontarse al pleno del pasado mes de marzo. Entonces, se aprobó la adjudicación del contrato a la UTE Enviser-Campezo-Serkón con los votos afirmativos únicamente del PNV y gracias al voto de calidad de la alcaldesa; es decir, sin contar con el apoyo explícito de ningún otro grupo político.
Este acuerdo es recurrido ante el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi (OARC) por otras dos de las empresas en liza, Valoriza Servicio Ambientales S.A. y la UTE Cespa-Garbialdi-Samos. Ya el 6 de junio, el OARC decide anular la adjudicación, excluyendo a la UTE Enviser-Campezo-Serkón.
El organismo ordena la retroacción de las actuaciones y otorga un plazo de dos meses al Ayuntamiento para la interposición de un recurso contencioso-administrativo. Sin embargo, el PSE-EE ha revelado que a día de hoy todavía no hay constancia de la interposición de dicho recurso, pese a que la decisión es contraria al criterio del técnico municipal.
El 26 de julio, el PNV fracasó en su intento de adjudicar de nuevo el servicio, esta vez a la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A. Su propuesta fue rechazada por la mayoría del pleno. Esta propuesta no era la que contaba con los informes favorables de los servicios técnicos municipales y su adjudicación suponía un riesgo para las arcas municipales ante posibles recursos de otras empresas.
Con fecha 2 de agosto, el OARC comunica al Ayuntamiento el escrito de incidente de ejecución de la resolución de este organismo por la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A., otorgando un plazo de alegaciones de 10 días hábiles. Pero la alcaldesa aun no se ha puesto en contacto con los grupos políticos para decidir la presentación de alegaciones en defensa de los intereses municipales, según ha denunciado el PSE-EE.
En su lugar, el 3 de agosto la alcaldesa-ejerciente remite un escrito a los partidos con la excusa de dar traslado del incidente de ejecución promovido por la empresa Valoriza Servicios Ambientales S.A., en el que de manera torticera se destaca un párrafo del escrito de la propia empresa interesada en el procedimiento que califica la posición de las concejalas y concejales socialistas “como un ilícito penal”.
Ante esta situación, el PSE-EE ha exigido a Amaia del Campo que defienda la libertad e independencia de las personas que componen este pleno para manifestar su posición con total libertad, sin la injerencia o presión de terceros.
SE PUEDE RECURRIR LA RESOLUCIÓN DEL OARC
Los socialistas consideran una temeridad política tomar la decisión de adjudicar el mayor contrato del Ayuntamiento a una empresa determinada sin haber finalizado los plazos para recurrir la resolución del OARC y para la presentación de alegaciones al incidente de ejecución y, por lo tanto, sin una resolución definitiva del OARC sobre el mismo.
Este proceder de la alcaldesa y su equipo de Gobierno ignora la posición técnica municipal, genera mayor incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras afectados y priva a los miembros de la Corporación de los elementos básicos imprescindibles para adoptar la decisión más favorable para los intereses municipales y la adecuada prestación del servicio.
“Han pretendido hacernos creer que la oferta más ventajosa era la que apoyaron en el pleno del 28 de marzo y cuatro meses después nos dicen que la más ventajosa es otra”, ha evidenciado Ana Belén Quijada.
21 MILLONES DE EUROS EN PRÓRROGAS IRREGULARES
Cabe recordar que el Gobierno del PNV se encontró con un contrato en perfectas condiciones y ha sido incapaz de gestionar su renovación después de tres años y medio con Amaia del Campo en la Alcaldía.
El actual contrato finalizó su vigencia ordinaria el 31 de diciembre de 2013, siendo prorrogado por periodo de un año en dos ocasiones (2014 y 2015) de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones de la adjudicación y con un importante ahorro para las arcas municipales en cada una de las prorrogas.
La prórroga del contrato del 1 de enero de 2015 a 31 de diciembre del 2015 permitía a la actual Corporación planificar y gestionar la nueva adjudicación con el tiempo y las garantías jurídicas suficientes, cosa que el Gobierno del PNV no ha hecho.
En la actualidad, el contrato se encuentra con prórrogas irregulares en virtud de Decretos de la alcaldesa. Por ello, el Ayuntamiento de Barakaldo ha pagado ya irregularmente más de 21 millones de euros, según los informes de la Intervención Municipal.
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Nota de prensa de Irabazi
Irabazi Barakaldo: "el proceso de subcontratación corre el riesgo de acabar en los tribunales"
- PNV y PSE aprobaron conjuntamente los pliegos de condiciones del contrato
- El pasado 26 de julio, PSE y PP votaban en contra de la adjudicación a la segunda oferta, tal y como resolvía el OARC.
Irabazi Barakaldo se ha abstenido nuevamente en el pleno que adjudica el contrato de limpieza urbana. Desde la coalición creen que no va a ser la última vez que se trate sobre este contrato en el salón de plenos, y temen que el asunto pueda desembocar en los tribunales.
La coalición de izquierdas, compuesta por Ezker Anitza-IU, Equo e independientes, se ha abstenido nuevamente en el pleno extraordinario celebrado esta tarde en Barakaldo. El Pleno debatía, dieciocho días después, la adjudicación del mayor contrato del Ayuntamiento tras la negativa emitida el 26 de julio. Hoy nuevamente se ha sometido a votación la adjudicación del contrato de limpieza, tras la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de anular la adjudicación realizada por el consistorio, y designar nueva adjudicataria a la segunda oferta resultante del concurso.
La concejala de la coalición, Maider Urbaneta, ha recordado que "este contrato lleva generando disputas toda la legislatura, desde que fue aprobado únicamente con los votos favorables de los socios de "estabilidad", PNV y PSE, contra las advertencias de secretaría e intervención de que incumplían la legislación". Urbaneta, quien ha aclarado que la apuesta de su grupo era explorar la posibilidad de la prestación directa, cree que se está usando "un asunto técnico y jurídico como arma arrojadiza", y que todo el proceso de subcontratación corre el riesgo de acabar en los tribunales "con dudosas consecuencias para las vecinas y vecinos de Barakaldo".
