La alcaldesa convoca pleno en pleno agosto por el contrato irregular de basuras

Contenedores de basuras en la plaza del mercado
La alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha anunciado la convocatoria "en los próximos días" de un pleno extraordinario para intentar resolver la situación irregular del contrato de recogida de basuras, que está vencido desde enero de 2016 y que cuya adjudicación en marzo de 2018 por el Partido Nacionalista Vasco fue anulada por incumplir las condiciones.

En concreto, el servicio fue adjudicado por 8,5 millones al año por el PNV, con voto de calidad de Del Campo, a una compañía, pero el tribunal de arbitraje declaró nula esta concesión porque la empresa incumplía las condiciones y ahora los nacionalistas exigen al resto de partidos (PSE, PP, EH Bildu e Irabazi) que resuelvan la situación entregando el contrato a una segunda sociedad, mientras hay amenazas de demandas millonarias.

Mediante un comunicado, el PNV alega que el organismo de arbitraje (OARC) requirió este 2 de agosto al Consistorio "para que haga efectiva su resolución de obligado cumplimiento". Los nacionalistas afirmaron hace una semana que pensaban recurrir en tribunales la resolución de arbitraje El asunto fue tratado en pleno la última semana de julio y fue rechazado por los riesgos jurídicos y la posibilidad de que alguna o las tres empresas que se disputan el contrato puedan plantean demandas.

De hecho, el PNV asegura que la segunda empresa "anuncia el inicio de acciones legales de persistir la desobediencia" del Ayuntamiento a aplicar el fallo del OARC. Los nacionalistas sostienen que la actuación del pleno puede ser considerada "como un ilícito penal, por el conocimiento de la antijuricidad del acuerdo adoptado".

La oposición exige garantías jurídicas y que se aclaren los plazos que hay por el Ayuntamiento para cumplir la resolución del organismo de arbitraje y si se va a presentar recurso ante la justicia contra la decisión del OARC.




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Nota de prensa del equipo de Gobierno municipal (PNV)
El OARC recuerda al Ayuntamiento que su resolución sobre la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras es de obligado cumplimiento y de ejecución inmediata
  • La empresa que debería ser adjudicataria según la resolución del OARC, asegura estar sufriendo daños y perjuicios y anuncia el inicio de acciones legales de persistir la desobediencia

El pleno del Ayuntamiento de Barakaldo se convocará en los próximos días para abordar una vez más el cumplimiento de la resolución de obligado cumplimiento dictaminada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) que obliga al Ayuntamiento a anular la adjudicación del contrato de limpieza viaria y recogida de basuras y adjudicar el servicio a la segunda mejor oferta.

El consistorio fue requerido ayer por el OARC para que haga efectiva su resolución de obligado cumplimiento, después de que los partidos de la oposición votaran en contra del mismo en la sesión plenaria del pasado 26 de julio.

Tras recibir la comunicación del OARC, y ante la gravedad de la situación generada, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha convocado esta misma mañana una comisión del Área de Servicios Municipales para el próximo miércoles 8 de agosto, como paso previo a la próxima celebración de un pleno en el que deberá someterse a votación de nuevo acatar la resolución de obligado cumplimiento dictaminada por el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, ya que tiene idéntico valor que las sentencias judiciales.

“Después de que PSE y PP votarán en contra de acatar la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales advertimos públicamente de que esa decisión podía acarrear graves consecuencias a nuestro Ayuntamiento, ya que la empresa que ha sido adjudicataria del contrato, según el propio OARC, ha solicitado que se adopten medidas para hacer efectiva la adjudicación que ha quedado en suspenso después de que el pleno incurriera en la desobediencia al recurso, lo que han denunciado que les está generando daños y perjuicios”, ha aclarado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Municipales, Jon Andoni Uria.

Según Uria, la empresa adjudicataria ha instado al OARC a que “...el propio órgano ordene el inmediato cumplimiento de la citada resolución, al entender que el Ayuntamiento en pleno, con su proceder, manifiesta y comporta un evidente incumplimiento, así como una contravención a las normas de la contratación pública, socavando los principios inspiradores de la actuación del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Euskadi e, incluso, pudiendo ser calificado su comportamiento como un ilícito penal, por el conocimiento de la antijuricidad del acuerdo adoptado”.


RESPONSABILIDADES PERSONALES DE LOS CORPORATIVOS
Antes de la celebración del pleno en la que se votó incumplir la resolución de obligado cumplimiento, el propio secretario municipal advirtió en un informe remitido a todos los partidos políticos que sobre el recurso del OARC “no cabían ni interpretaciones políticas ni técnicas, y que había que acatarlo porque es de obligado cumplimiento y de ejecución inmediata", ha aclarado la alcaldesa.

A pesar de estas aclaraciones, PSE y PP votaron en contra aunque las portavoces en varios momentos de su intervención reconocieron que sabían que era obligatorio cumplir con la resolución, imposibilitando que el Ayuntamiento pueda cumplir lo dictado por el OARC.

"Lo dije y lo repito, con su voto en contra están impidiendo que el Ayuntamiento pueda cumplir con su deber, y que el servicio de limpieza viaria pueda empezar a funcionar de manera de manera regularizada, ya que el último contrato se adjudicó hace más de 11 años", ha recordado Uria.

El tiempo nos ha dado la razón, ya que ya advertimos que "contravenir una resolución de obligado cumplimiento puede conllevar responsabilidades municipales e, incluso, personales, y creemos necesario que quede clara la actuación de cada uno por si la empresa decide iniciar acciones legales", ha apuntado Uria.

“El equipo de Gobierno tiene obligación de cumplir con la legalidad y vamos a continuar dando pasos para cumplir la resolución del OARC", ha anunciado el concejal que ha hecho una llamamiento a la responsabilidad de la oposición porque “repito no caben interpretaciones políticas ni técnicas, hay que acatarlo porque es de obligado cumplimiento y de ejecución inmediata“.


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