El asunto ya fue sometido a votación el pasado 26 de julio y quedó rechazado porque sólo logró el apoyo del PNV, mientras que PSE y PP se posicionaron en contra y EH Bildu e Irabazi se abstuvieron ante la propuesta nacionalista de dar el contrato a la segunda empresa en la lista —Valoriza SA—, lo que suscita dudas de posibles demandas millonarias tanto de la primera compañía clasificada —Enviser—, como de la tercera —UTE Cespa/Garbialdi/Samos—.
El equipo de Gobierno (PNV) alega que el órgano de arbitraje de Gobierno Vasco (OARC), que anuló la adjudicación decidida por el voto de la alcaldesa (PNV), ha emitido una resolución de "obligado cumplimiento" que favorece a Valoriza SA. La oposición, en el pleno de julio, alertó de la incertidumbre jurídica y del riesgo de que el Ayuntamiento tenga que asumir indemnizaciones millonarias.
PSE y PP pidieron además aclaraciones sobre en qué plazo debía cumplirse la resolución de OARC, pregunta a la que los nacionalistas no dieron respuesta en el pleno y sobre la que posteriormente, por medio de nota de prensa, aseguraron que era "de ejecución inmediata".
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