El concejal de Urbanismo, Juan Antonio Pizarro (PSE), sin mencionar el incumplimiento legal, ha anunciado que el Consistorio "elaborará" el documento, aunque no ha indicado ningún plazo ni ha señalado presupuesto.
La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular obliga a los Ayuntamiento a tener el censo "incluyendo un calendario que planifique" la retirada de este producto tóxico y peligroso. Además, obliga a que, "en todo caso, las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028".
El Ayuntamiento, a través de Pizarro, ha señalado que "este censo es necesario, ya que a medida que han ido aumentando los estudios científicos y se han ido acumulando diferentes pruebas de los efectos perjudiciales del amianto en la salud, comenzaron a surgir preocupaciones en la ciudadanía". De hecho, hace 24 años, desde 2001, que está prohibido en España utilizar, producir y comercializar fibras de amianto y productos que lo contengan.
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Extracto de la Ley 7/2022
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Publicado en: «BOE» núm. 85, de 09/04/2022.
Entrada en vigor: 10/04/2022
Departamento: Jefatura del Estado
Disposición adicional decimocuarta. Instalaciones y emplazamientos con amianto.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. Tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar, respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado. Esa retirada priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición a la población más vulnerable. En todo caso las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes de 2028
[…]
Disposición final decimotercera. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, la entrada en vigor del Título VII de esta ley se producirá el 1 de enero de 2023.
Comunicado del PSE en el Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo
El Ayuntamiento de Barakaldo elaborará un censo para erradicar el amianto en instalaciones de Barakaldo
- El concejal Juan Antonio Pizarro destaca que "este censo es necesario, ya que a medida que han ido aumentando los estudios científicos y se han ido acumulando diferentes pruebas de los efectos perjudiciales del amianto en la salud, comenzaron a surgir preocupaciones en la ciudadanía".
El concejal de Vivienda, Planificación y Gestión Urbanística, Juan Antonio Pizarro, ha anunciado que "desde el Ayuntamiento de Barakaldo elaboraremos un censo de instalaciones y emplazamientos que contienen amianto para su erradicación", tras la publicación de un decreto para la contratación de servicio de revisión del censo en el término municipal de Barakaldo.
El objetivo, ha dicho, es "es ubicar las instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada", tal y como se recoge en la Ley 7/2022 Ley de Residuos y Suelos Contaminados que además indica que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar gestionadas antes del 2028.
Y es que, ha destacado que "este censo es necesario, ya que a medida que han ido aumentando los estudios científicos y se han ido acumulando diferentes pruebas de los efectos perjudiciales del amianto en la salud, comenzaron a surgir preocupaciones en la ciudadanía".
Pizarro ha explicado que "que tanto el censo como el calendario, que tendrán carácter público, serán remitidos a las autoridades sanitarias medioambientales y laborales competentes de las comunidades autónomas, las cuales deberán inspeccionar para verificar respectivamente, que se han retirado y enviado a un gestor autorizado". Esta retirada, ha precisado, "priorizará las instalaciones y emplazamientos atendiendo a su grado de peligrosidad y exposición de la población más vulnerable"..