Los números del caso son también, cuando menos, llamativos. En 2018, el Ayuntamiento concedió el servicio a Urbegi Servicios Medio Ambiente SL por 387.112 euros por dos años. El presupuesto máximo de licitación era 429.173,12. Se convocó de nuevo el proceso en 2021 y el Ayuntamiento subió el presupuesto de referencia un 24%, hasta 532.678,61. Según el sistema, ninguna empresa se presentó pero no se ha cerrado el expediente y no consta que fuera declarado desierto.
Este año 2025, el dinero ha ascendido a 698.896,54 euros, un 31% más que en 2021 y 63% más que en 2018. A pesar del incremento del dinero de los contribuyentes que se destina al cementerio, tampoco esta vez ha habido ni una sola empresa interesada. El departamento de Servicios Municipal, al mando del concejal Jonan Uría (PNV), sí recibió una consulta de la conocida funeraria Funeuskadi Memora, pero, pese a que se organizó una visita a las necrópolis municipales, finalmente no ha planteado oferta. El concurso ha quedado desierto.
Para complicar más aún la situación, sí consta que Urbegi Servicios Medio Ambiente SL ha seguido, al menos hasta el 31 de mayo, realizando las inhumaciones y mantenimiento de los cementerios de San Vicente y de El Regato. Sin embargo, lo hecho porque el Gobierno liderado por el PNV, con apoyo del PSE, ha decidido mantener a esta compañía ignorando repetidos informes sobre incumplimientos. La empresa lleva gestionando los cementerios de Barakaldo al menos desde 2011.
Durante años, la máxima autoridad técnica del Ayuntamiento en materia de contratos, el interventor, ha informado una y otra vez, sin ser escuchado, sobre que la actual contrata no se ajustaba a los compromisos firmados, a pesar de lo cual se le ha seguido pagando puntualmente y no se le han aplicado las penalizaciones o sanciones previstas en la ley.
El 4 de febrero de 2021, el mismo área de Servicios Municipales (PNV) firmaba un informe que indicaba: "la adjudicataria no ha puesto en servicio el mecanismo para el descenso de ataúdes al interior de panteones privados sin necesidad de que una persona deba permanecer en el interior, el cual debiera haber estado operativo desde el 1 de diciembre de 2018". Tres años de incumplimiento no tuvieron consecuencias.
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