Barakaldo, 21 dic 2024. Las asociaciones deportivas de Barakaldo no pueden más. Hace ya dos años de las últimas subvenciones que el Ayuntamiento concede cada año a través del instituto municipal de deportes
Barakaldo Kirolak. Fueron las ayudas de 2022. Las de
2023 se convocaron terminado el curso, el 22 de diciembre de 2023. Un año después no están ni pagadas ni decididas, y tampoco se han anunciado las de 2024. En total, dos años sin un euro. Tampoco para los deportes en los colegios.
La situación no ha impedido que la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), como presidenta de Barakaldo Kirolak, junto a su delegado en el organismo, el concejal Íñigo Asensio (PNV), se hayan fotografiado en la
Gala del Deporte, celebrada este 20 de diciembre. También ha asistido el director del instituto de deportes,
Manuel Abajo, contratado por la alcaldesa con un salario de 75.439,16 euros brutos.
"Estamos orgullosos de todos y cada uno de ellos porque ayudan a transmitir valores, fomentar la salud a través del deporte base y trasladar el nombre de Barakaldo fuera de nuestras fronteras", ha señalado Asensio por medio de un comunicado. La realidad es que el "orgullo" no se traduce en ayuda para que los equipos sigan con su actividad. El club de
waterpolo anunció en septiembre su disolución y la
huelga en las piscinas lleva siete meses.
Las asociaciones no se atreven a decirlo públicamente por miedo a las represalias. 'Barakaldo Digital' ha hablado con algunas de ellas y confirman que ni hay dinero ni explicaciones. "La situación de algunos clubes es insostenible", indica una de las perjudicadas, que recuerda que a finales de 2024 no hay noticias ni siquiera de las subvenciones de 2023. "Nos hicieron presentarla a todo correr y no sabemos cuándo va a llegar".
En julio de 2023 fue la última vez que ingresaron subvenciones. Era el correspondiente a 2022. Entonces se transfirieron 32.947,68 euros a 26 clubes federados, para 10.492,24 euros para 7 eventos y a 3.210,08 euros a 3 colegios públicos y 3 privados. En total, 46.650,00 euros. El dinero, por las actividades hechas en 2022, llegó a las cuentas del banco en julio de 2023. No hay más movimientos desde entonces.
Sólo un escogido y pequeño grupo de equipos recibe ayuda directa, decidida arbitrariamente y sin concurso por el equipo de Gobierno de Amaia del Campo. Son las llamadas "subvenciones nominativas": no se convocan y nadie puede pedirlas. La alcaldesa las da por decreto.
Según la documentación oficial, en 2024, estas ayudas a dedo han sido para el Club Balonmano Barakaldo (44.000), Club Balonmano Zuazo (44.000), Emakumeen Saskibaloia Taldea de baloncesto femenino (15.000), Club de Patinaje Baratzalde (3.000) y el Club Gure Kirola de pelota (1.500) euros.
Además, en presupuestos constan 44.000 euros para el Barakaldo Club de Fútbol, 10.000 para el Pauldarrak de fútbol y 5.000 para el Gurutzeta de patinaje. El Emakumeen Saskibaloia Taldea consta con 25.000 pero el registro oficial dice que se ha dado 15.000. No se conoce el criterio por el que un club de tercera división, como el Barakaldo CF tiene los mismos 44.000 euros que el Balonmano Zuazo femenino que está en primera.
En total, la suma sale 176.500 euros para ocho organizaciones que reciben el dinero público sin tener que justificar sus méritos. Pero, en Barakaldo, el listado del instituto de deportes señala la existencia de 74 clubes. Las que no tienen "subvenciones nominativas" tienen que competir entre sí por conseguir, aportar documentos, explicar sus valores y entregar facturas.
"Cada vez ponen más trabas. Creemos que es para ver si nos desanimamos y no les pedimos nada y les dejamos en paz", señalan desde unos de los colectivo damnificados ante la falta de convocatoria y pago de las ayudas.
El instituto municipal de deportes de Barakaldo, que el PNV controla desde hace 40 años, tiene una gestión polémica que en los últimos años se ha visto salpicada por una huelga de socorristas que ya dura más de siete meses, prórroga y aumentos ilegales de contratos, adjudicaciones 'a dedo', una alerta de que en su presupuesto para 2024 se ha inflado los ingresos sin justificación un 30%, una advertencia de que "no cumple mínimos requisitos" legales en sus trámites, reiterados informes técnicos de irregularidades e incluso un contrato para un empresario concreto como si fueran tres compañías que competían entre sí.
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