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LAB denuncia contratos "irregulares" por 0,8 millones en Osakidetza Barakaldo-Sestao y 3,2 millones en Cruces

Barakaldo, 15 ene 2024. El sindicato LAB ha denunciado "procedimientos de contratación ilegales" por valor de casi 0,8 millones de euros sólo en 2022 en la comarca sanitaria Barakaldo-Sestao de Osakidetza, de la que forma parte el hospital de San Eloy además de los ambulatorios. Además, las mismas prácticas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza suman 3,2 millones en Cruces. 

La organización señala que el procedimiento es del los "contratos menores", una fórmula legal, reservada para determinadas circunstancias que precisan urgencia, que impide a las empresas interesadas presentar ofertas ya que se realizan las adjudicaciones directamente —'a dedo'—. Este sistema es utilizado con frecuencia por el Ayuntamiento de Barakaldo y, especialmente, por sus empresas, como el instituto de deportes o el teatro municipal.

En este caso, LAB critica una "práctica generalizada" en Osakidetza que, en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, ha supuesto un desembolso de ocho millones de euros de manera "irregular", con casos en los que se "entrega directamente el contrato a la empresa que quieren y se evita la competencia entre empresas encareciendo los contratos".

El sindicato llega a hablar de "fraude" y sostiene que "para cometerlo" se han "utilizado diferentes medios: fraccionamiento de contratos y obras; división de la obra en gremios; tramitar contratos de servicios como obras; contratación de empresas de distinto nombre con idéntico propietario, para el mismo deber; contratación sucesiva de contratos con el mismo objeto, etc".

Parte de estos hechos también se han observado en el Ayuntamiento de Barakaldo y han sido advertidos por la máxima autoridad técnica en materia de contratos en el Consistorio, el interventor municipal, pero hasta la fecha no ha habido ninguna consecuencia.

Archivo



comunicado del sindicato LAB

Denunciamos la adjudicación irregular de 8.000.000 euros a contratos menores en Osakidetza

LAB ha podido detectar y demostrar irregularidades en las adjudicaciones de obras en el servicio público de salud de la CAV. El análisis de los procedimientos de adjudicación de contratos menores menores realizados en 2022 ha arrojado una conclusión clara: se han adjudicado 8.000.000 de euros por procedimientos de contratación ilegales.

La coordinadora general de LAB, Garbiñe Araburu, ha afirmado que «con las conductas inadecuadas e irregularidades en la trayectoria de Osakidetza se puede escribir un gran libro». En esta ocasión también se trata de una práctica generalizada, ya que tanto en OSIs de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia, se han detectado casos por parte de LAB. Las OSIs más afectadas son dos: la OSI de Araba y el Hospital de Cruces.

En total son más de 380 los contratos (381 en concreto) que deberían haber sido objeto de concurso público y que no han salido (anexo adjunto) y han sido en total 8.000.000 de euros los entregados directamente a determinadas empresas.

Resumen de contratos menores que han sido fraccionados de una u otra manera:



En qué se basan las prácticas irregulares

El representante de LAB en Osakidetza, Jesús Oñate, ha concretado las explicaciones: «Si se superan las cifras establecidas en los contratos menores de obras, servicios y suministros, hay que convocar un concurso público. Fraccionando las cantidades a adjudicar, evitan sacar a concurso los trabajos. Esto tiene dos consecuencias: pueden entregar directamente el contrato a la empresa que quieran y se evita la competencia entre empresas encareciendo los contratos. Este procedimiento ilegal de contratación facilita y agiliza la labor de contratación, pero es totalmente ilegal y además pone bajo sospecha la relación entre las empresas contratadas directamente y los directivos y responsables de las OSI salpicadas».

Para cometer el fraude se han utilizado diferentes medios: fraccionamiento de contratos y obras; división de la obra en gremios; tramitar contratos de servicios como obras; contratación de empresas de distinto nombre con idéntico propietario, para el mismo deber; contratación sucesiva de contratos con el mismo objeto, etc.


Lo que recoge la ley

Este procedimiento de contratación infringe los dos fundamentos de la ley que se indican en el punto II de la introducción de la Ley de Contratación (Ley 9/2017 LCSP):

“Los objetivos sobre los que se sustenta la regulación contenida en esta ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y, en segundo lugar, lograr una mejor relación calidad-precio”.

Estamos hablando, por lo tanto, de una práctica fraudulenta. «Está claramente prohibido por ley, y así lo indica el artículo 99.2 de la LCSP; son obras realizadas en contra del artículo 13.3 de la ley de contratación (LCSP), es decir, infringen el concepto de «obra completa” y son contratos realizados en contra del artículo 28.4 de esa misma ley (contratos menores que se renuevan anualmente y, en ocasiones, dentro del mismo año)», ha precisado el portavoz de LAB. 

Las mismas empresas y empresarios se repiten en muchas adjudicaciones de estos pequeños contratos. Esto es especialmente evidente en las OSI de Gurutzeta, en Bizkaia y la de Araba.

 «Desde el punto de vista económico se evita la competencia entre empresas, con la pérdida que esto supone para los y las contribuyentes vascos y vascas y pone de manifiesto cuál es el modelo de gestión de determinados directivos y responsables de Osakidetza. La falta de transparencia, además, deja a Osakidetza bajo sospecha de corrupción», ha añadido Jesús Oñate.

La ley de contratos públicos deja claro que el fraccionamiento de las adjudicaciones de obra no es legal. En los casos analizados por LAB no hay motivos económicos, organizativos o técnicos que justifiquen la necesidad de fraccionamiento. «La única razón es que algunas empresas se beneficien y premien. Además, esta forma de hacer, que supone eludir el control público, es opaca, evita las condiciones de publicidad necesarias a la hora de adjudicar este tipo de trabajos. Eso es muy grave. Es grave porque tiene un objetivo claro», ha criticado Aranburu.

«El procedimiento de adjudicación directa de las obras es ingeniería política. No se trata de errores en la gestión, sino de decisiones políticas», en palabras de las y los responsables de LAB, que han criticado el modelo neoliberal y clientelar del PNV. «Es neoliberal porque busca debilitar el sistema sanitario público y fortalecer el privado: no se invierte lo suficiente, se está desmantelando, las dificultades para conseguir cita en atención primaria son evidentes, hay largas listas de espera para intervenciones o para ser atendido o atendida por especialistas… Y, además, Osakidetza está externalizando las tareas que pueden realizar sus trabajadores y trabajadoras». Y el modelo es clientelar, «porque se premia a las empresas del entorno del partido».

Aranburu ha asegurado que «quien está dañando el prestigio, la imagen y el servicio del sistema público de salud es el Gobierno del PNV. El PNV es un buen gestor y vigilante cuando se trata de proteger los negocios privados, pero no cuando se trata de defender unos servicios públicos fuertes».

Por contra, LAB reconoce y aplaude la labor que realizan las y los profesionales de Osakidetza: «A pesar de que sus condiciones laborales se han ido deteriorando constantemente, son ellos y ellas las que realmente están defendiendo la salud pública».

Aranburu se ha dirigido a Urkullu y Sagardui: «Al lehendakari y a la consejera de Salud se les ha agotado el tiempo. Intentarán en vano responsabilizar de lo que está pasando a una estrategia de desgaste de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, pero esa crítica no se sostiene. Somos los y las trabajadoras y los y las ciudadanas las que apostamos por un servicio público de salud digno. Hace tiempo que hemos denunciado esto, hemos hecho huelgas y movilizaciones, pidiendo más creación de empleo público y estabilización de empleo, pidiendo reforzar el sistema público de salud, pidiendo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras». LAB continuará denunciando las irregularidades que detecte y defendiendo el sistema público de salud