El colectivo ha destacado el "preocupante déficit en la atención", especialmente en horario nocturno, cuando hay sólo un gerocultor por cada 58 residentes, la mayoría con discapacidad grados 2 y 3 y en la residencia queda un único médico para los 232 residentes, cuando la previsión es que Gobierno Vasco apruebe que debe haber uno medico por cada 110.
Tanto Miranda Babestu como extrabajadoras afectadas por recortes salariales han advertido así mismo de otras deficiencias, como en la alimentación o en el cuidado de los ancianos, por ejemplo, con los pañales; mientras se desarrollan "actos mediáticos y propagandísticos" y el gasto en propaganda pasó de 9.200 euros en 2013 a 50.000 en 2014.
"Se está haciendo economía en comestibles y bebidas y hay quejas constantes. En 2017 se han gastado más de 9.000 euros menos en comestibles que en 2016. En 2013, antes de que entrara el actual equipo gestor, se gastaban 362.000 euros y en 2017 se gastan sólo 305.000, se ha abaratado un 15,7% el gasto en comestibles y bebida, pese a la enorme cantidad de quejas", ha indicado De la Peña. Los ancianos, según aseguran, reciben actualmente en su comida pizzas, hamburguesas y fritos.
En cuanto a los pañales, tanto las extrabajadoras como las familias señalan que hay órdenes de ahorrar en pañales. La asociación hizo en junio de 2018 una evaluación de las úlceras de presión y estimó que afectan al 14,5% en residentes dependientes, que no se valen por sí solos, cuando "no debe ser admisible más de un 5%". La causa, según indican, "es en parte por el aumento de la humedad pañales" y porque, con un gerocultor por cada 58 residentes, no da tiempo para hacer cambios. "Las úlceras son fuente de mucho sufrimiento y pueden conducir al fallecimiento".
Esta situación se produce pese al incremento de tarifas, que sólo en el año 2017 fue de entre un 35% y un 50%. Este encarecimiento ya ha motivado tres demandas de familias y una primera sentencia ha condenado a la fundación por el abuso en el incremento y por obrar "de forma contraria a la buena fe y a los actos propios".
Por otro lado, se imputa a la gerencia la toma de decisiones económicas "que ponen en riesgo la viabilidad económica de la institución", como el desalojo del colegio La Milagrosa, que suponía unos ingresos anuales de 205.000 euros. Del mismo modo, Miranda Babastu afirma que los responsables de la fundación ha realizado operaciones bursátiles "con graves pérdidas".
A ello se une una política de obras que, por su exceso, no consideran "racional" o la carencia de un plan de viabilidad "aceptable", que acumula un retraso de tres meses en relación al requerimiento que realizó el Protectorado de Fundaciones del Gobierno Vasco. Así mismo, se ha subcontratado la gestión de las nóminas y el servicio de cocina.
Por estos motivos, la Miranda Babestu y las extrabajadoras, en consonancia con lo acordado también por la mayoría en el pleno del Ayuntamiento, han reiterado la demanda de despido del gerente de la fundación, Rafael Carriegas, y la dimisión de todos los miembros de la dirección o patronato que decide el funcionamiento de la entidad.
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