En un escrito dirigido al Ejecutivo autonómico, Miranda Babestu advierte de que en el modelo provisional de nuevo contrato hay además otros apartados "que sorprenden", como que se exige que el avalista del anciano "responda de todas las obligaciones económicas de la persona residencializada incluyendo los gastos judiciales que se pudieran derivar".
Así mismo, el centro puede "incrementar de forma unilateral la cuantía de la tarifa" cuando considere que ha aumentado la dependencia del anciano, que decide la propia Fundación Miranda aunque "existe un canal legal para el reconocimiento de la dependencia establecido por la Diputación".
En el documento remitido al Protectorado de Fundaciones del Gobierno Vasco, la asociación de familias indica que este posible cambio de contrato llega en un momento en el que se ha registrado un "aumento abusivo de tarifas", se ha reducido el personal y se han deteriorado las condiciones de atención.
"Cabe preguntarse, cuántos habitantes de Barakaldo podrán ser atendidos en la Fundación Miranda bajo estas condiciones. Inevitablemente se visualiza un futuro en el que solo una élite económica será capaz de optar por una residencia que presenta tales exigencias. Creemos que las instituciones deben poner freno de forma inmediata a este tipo de gestión para que una Fundación de larga trayectoria cumpla su objeto fundacional", reclama Miranda Babestu.
Contrato (pdf) y modelo de aval (pdf) provisionales de la Fundación Miranda
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Escrito de la asociación de familias Miranda Babestu al Protectorado de Fundaciones
Adjunto te remito el modelo de nuevo contrato elaborado por la Fundación Miranda que incluye a modo de novedad un contrato de aval sobre el contrato de alojamiento.
Hay que señalar que se indica expresamente en el documento que el residente ha de acreditar que puede hacer frente al pago y que, además, pudiera ser desalojado de la residencia si incumpliera el pago, independientemente de sus condiciones económicas o personales.
Estas condiciones, que pudieran ser normales para la relación de cualquier empresa privada con sus clientes, chocan notablemente con una FUNDACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que tiene como objeto fundacional “el cuidado de los mayores con limitados recursos económicos de la población de Barakaldo”
Además de lo anterior, hay apartados que sorprenden en una institución benéfica; señalamos algunos de ellos:
Exige del avalista que responda de todas las obligaciones económicas de la persona residencializada incluyendo los gastos judiciales que se pudieran derivar. Hay que señalar que en el contrato, la dirección de la institución, basándose en informes de los profesionales del propio centro, pueden considerar que ha tenido lugar un aumento de la dependencia del mayor, con lo que pueden incrementar de forma unilateral la cuantía de la tarifa.
Para comprender el alcance de estas condiciones, hemos de señalar que, en 2016 y por esas mismas razones se incrementaron las tarifas de un matrimonio. Incluyo un fragmento de la queja que hizo su hija:
"A mediados de enero de 2016 se nos comunicó verbalmente por medio de una gerocultora, que a partir de esa fecha se les prestaría a los dos un servicio de asistencia para ducharse una vez por semana (una ducha normal, que para mi madre incluía además la aplicación de crema hidratante). Pasadas dos semanas recibí una llamada telefónica de una persona de la directiva de la residencia explicándome que el servicio de asistencia en ducha que estaban recibiendo mis padres suponía un cambio de catalogación, pasando de ser autónomos a dependientes moderados, y la cuota pasaba a ser de 2.350€. Lo que, por consiguiente, constituía un incremento de 680 € por persona (1.360 € entre los dos). Por un total de asistencia en 4 duchas; cada ducha sale a 170 €.
Por otro lado, supimos que si por alguna razón (por ejemplo una gripe) debiera subírseles la comida a la habitación (solo transporte de menús desde la cocina a la habitación, sin cambio de menú ni ayuda a su ingestión) durante más de 5 días, ese mes pasarían a ser dependientes severos y la cuota sería de 2.605 € (si tomamos como base la cuota de 1.670 € de autónomos, el incremento sería 935 € por persona)".
Por otra parte, cabe preguntarse si es legal que el propio centro determine el aumento de dependencia de los residentes, que conllevaría automáticamente consecuencias económicas importantes, cuando existe un canal legal para el reconocimiento de la Dependencia establecido por la Diputación Foral de Bizkaia.
El contrato, además, exige al avalista renunciar al beneficio de orden, al derecho de excusión y al derecho de división, lo que le obliga a pagar la deuda generada de forma inexcusable e independientemente del perjuicio que le pudiera generar a la persona firmante o a quienes dependen de ella.
Desde nuestro punto de vista, los documentos aportados revelan claramente la deriva de la institución, pasando de una organización realmente “sin ánimo de lucro” a una entidad de mercado, que supedita la atención de los mayores a la oferta y a la demanda.
No hemos de olvidar que lo que señalamos es una muestra más de un modelo de gestión que desde el cambio de su gerencia, ha tenido como consecuencia:
· Una reducción del gasto en comestibles y bebidas de un 25% desde 2012, con múltiples quejas por parte de los residentes en relación con la calidad de la comida.
· Una reducción del gasto en productos de higiene y limpieza en el mismo período del 20%.
· Un aumento abusivo de tarifas que ha sido considerado por la justicia como “contrario a la buena fe”
· Una insuficiente atención nocturna con una gerocultora por cada 58 residentes y un solo profesional de enfermería para una residencia de 232 residentes, 198 de los cuales presentan un grado de dependencia II/III.
· Una elevada tasa de úlceras por presión.
· Una gran conflictividad laboral que ha conllevado la salida de cerca de 20 trabajadores de larga experiencia.
· La pérdida de un centro educativo en Barakaldo.
Cabe preguntarse, cuántos habitantes de Barakaldo podrán ser atendidos en la Fundación Miranda bajo estas condiciones. Inevitablemente se visualiza un futuro en el que solo una élite económica será capaz de optar por una residencia que presenta tales exigencias.
Creemos que las instituciones deben poner freno de forma inmediata a este tipo de gestión para que una Fundación de larga trayectoria cumpla su objeto fundacional y no pierda la esencia que ha generado el aprecio de varias generaciones de barakaldeses.
