"En el expediente hay informes técnicos suficientes que ponen en evidencia la no existencia de necesidad del servicio, lo que supone el no cumplimiento de los artículos 1 y 22 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público". Lo dicen los ex concejales del grupo PNV y ahora ediles no adscritos Josean Álvarez y Juanjo Gutiérrez, que consideran que se trata de "un gasto no debidamente justificado" que supondrá para la hacienda local seis millones de euros en cinco años. "Nos encontramos en un momento económico complicado y dedicar estos recursos a este servicio no tiene, en nuestra opinión, incidencia en la recuperación económica. Por tanto, aconsejamos renunciar a la prestación de este servicio y dedicar el importe retenido a otras necesidades".
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