La privatización se anunció hace casi siete años y se repitió en 2018 en 2018 en un contexto de recurrentes apagones en los barrios y frente a la presión de las organizaciones de mujeres por repetidos asaltos en zonas de baja visibilidad, que se denominaron "puntos negros". El PNV en la alcaldía aseguraba en 2015 que la privatización era una cuestión de seguridad y que la gestión municipal de los ahora sus socios socialistas había "dejado las calles de Barakaldo sumidas en la oscuridad de manera constante".
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