La pesadilla comenzó el 15 de diciembre cuando el negocio notificó que cerraba por vacaciones. El cartel anunciaba que el 8 de enero retomaba la actividad pero, cuando llegó el día, los clientes se encontraron el servicio cerrado. Desde entonces, algunos días ha estado abierto el local e incluso el titular ha recibido a algunas personas. Pero a partir de ese momento, cada una ha sufrido una historia distinta, pero con final común: los tratamientos, ya pagados, han quedado interrumpidos.
La alarma definitiva se encendía la semana pasada cuando la persiana bajada definitivamente, esta vez dejando también en la calle a los trabajadores. Este 11 de febrero, autoconvocados por medio de las redes sociales y por whatsapp, han sido 70 quienes se han reunido para buscar algunas respuestas y, especialmente, para iniciar acciones.
La clínica era supuestamente una franquicia de la marca Caredent, pero con el paso de los días los afectados han descubierto que ya no es verdad, que hacía meses que el establecimiento estaba desvinculado. Las consultas realizadas por los clientes apuntan a que la marca no se hará cargo de nada.
De momento, el acuerdo de los perjudicados es buscar información en la oficina de atención al consumidor —omic—, en las asociaciones de pacientes, consultar a entidades bancarias y buscar asesoramiento legal. "No pinta bien", admitía uno de los afectados, Basilio Cuesta Aparicio.
La prioridad de los damnificados es que los tratamientos se completen. Hay casos de implantes pendientes o de brackets que necesitan seguimiento, y personas que están ya con problemas y con dolor que van a exigir una consulta en otro lugar, entre otros. Necesitan que les faciliten sus historiales para poder continuar en otras clínicas.
Además también hay una grave preocupación por el aspecto económico. Durante la reunión, se han hablado de cantidades que van desde 3.000 a 14.000 euros. Algunos han pagado a tocateja y muchos han solicitado un préstamo con Sabadell Consumer, que siguen pagando aunque no reciben ningún tratamiento, por lo que buscarán que la entidad financiera paralice el crédito.
La semana próxima tienen prevista una nueva reunión, posiblemente en la casa de cultura de San Vicente, y analizarán los nuevos pasos y la posibilidad de contratar colectivamente un abogado. En la persiana del establecimiento se colocará un cartel con información y un número de contacto para mantenerse coordinados.
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