PNV y PSE acuerdan una segunda prórroga que incumple la ley para el millonario contrato de recogida de basuras

foto de archivo
Barakaldo, 26 mar 2026. Los partidos que forman el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barakaldo, PNV y PSE, han decidido aplicar una segunda prórroga, contraria a la ley, para el millonario contrato de recogida de basuras y limpieza viaria. La controvertida empresa Valoriza es la beneficiaria de esta medida, que supone para las arcas públicas un desembolso de 11,87 millones de euros al año. 

El acuerdo del equipo de la alcaldesa Amaia del Campo (PNV), que se ratifica este 26 de marzo en sesión plenaria, se produce a pesar de que el funcionario de más alta autoridad en materia económica, el interventor municipal, que actúa con independencia de los políticos, ha emitido un informe —"reparo"— que ha paralizado temporalmente la extensión del contrato por incumplir la legislación.

Del Campo, sin embargo, como es habitual, ha encargado un contrainforme y, de este modo, ignora, una vez más, las advertencias legales sobre las actuaciones irregulares en materia de contratación pública. La prórroga se ha adoptado a pesar de que el Ayuntamiento había establecido las fechas desde el comienzo y sabía que no podía acordar más que una extensión, hasta abril, y que cualquier ampliación extra suponía vulnerar la ley.

La tramitación para adjudicar de nuevo el servicio tenía que haber terminado a finales de octubre, pero se ha alargado ya nueve meses, incluida la paralización desde enero, durante dos meses, por un recurso de la unión temporal de empresas (UTE) FCC Medio Ambiente SAU y GMSM Medio Ambiente SA, a la que el Ayuntamiento ha excluido a la hora de valorar las ofertas.

Se da la circunstancia de que este segundo alargamiento de contrato se adopta el mismo día en que se ha reunido la mesa de contratación para proponer que Valoriza Servicios Medioambientales SA sea la adjudicataria por ser la que ha conseguido "mayor puntuación total". El "valor estimado del contrato" es de 105.400.134,50 euros más IVA, lo que supone 115,5 millones, para un periodo de siete años sin posibilidad de prórroga legalmente. 

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