Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2024, cuando, sobre las 8.20 horas, obreros municipales acudieron a cerrar un agujero abierto en el tapiado del antiguo túnel que comunicaba Lutxana con la zona de Lurkizaga. Acompañados por cinco agentes policiales, el relato oficial sostiene que se halló en el pasadizo a tres varones, sin hogar, que vivían en este espacio, y que un policía realizó repetidos disparos con su arma reglamentaria para repeler una amenaza con un cuchillo.
El procedimiento sumario ordinario número 457/2024 del juzgado barakaldés señala a uno de los policías como investigado y considera al Ayuntamiento de Barakaldo como responsable civil subsidiario respecto al agente. El Consistorio está personado en la causa.
El concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ángel Madrazo, ha defendido públicamente la actuación policial, alegando que quienes resultaron heridos de bala, a los que identifica como de "origen magrebí", esgrimieron un cuchillo. Sin embargo, 70 organizaciones sociales, sindicales y políticas han críticado la intervención como racista, desproporcionada y violenta.
El caso ha motivado además un informe oficial que, sin entrar en la valoración penal de la acción policial, revela incumplimientos deontológicos y legales e improvisación, además del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Barakaldo de las obligaciones legales en cuanto a la solución al sinhogarismo. Las conclusiones corresponden a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, un "órgano colegiado adscrito" a la consejería de Seguridad pero que "tiene plena autonomía funcional".
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