Denunciados del PSE: Tontxu Rodríguez, Suances y Ana Belén Quijada
Denunciados del PP: Amaya Fernández, Carriegas y Nieto de Cossío
La izquierda 'abertzale' ha anunciado este jueves la interposición en el juzgado de una demanda por prevaricación contra seis concejales del PSE y del PP —dos de los 'populares' ya fuera del Ayuntamiento— que formaban la comisión de Gobierno municipal en 2006 y que supuestamente adoptaron un acuerdo que permitió que se adjudicaran sin concurso viviendas de protección oficial en La Siebe a la hija del edil de Urbanismo, Jesús María González Suances (PSE), la hija de uno de sus escoltas, otros dos familiares de funcionario municipales ligados al político, un edil del PSE de Durango y un familiar de otro militante socialista de Barakaldo.Archivo |
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Nota de prensa
NOTA DE PRENSA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE EN EL AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO
Hemos decidido presentar una denuncia judicial por prevaricación contra las 6 personas del PSOE y PP que formaban el Equipo de Gobierno Municipal en septiembre de 2006: Por el PSOE: Tontxu Rodríguez (actual Alcalde), González Suances (actual Concejal Delegado de Urbanismo, Ana Belén Quijada (actual Concejala Delegada de Disciplina Urbanística, Medio Ambiente, Sanidad y Consumo); por el PP: Amaia Fernández (actual portavoz del PP), Rafael Carriegas y Juan R.A.Nieto de Cossio. Estas dos últimas personas no forman parte de la corporación actual.
Los hechos se remontan al año 2006 cuando, en ejecución del proyecto urbanístico de La Siebe, las personas con derecho a realojo (sus viviendas fueron derribadas) acudieron a elegir su vivienda de protección local, encontrándose con la sorpresa de que no podían acceder a varias de éstas porque estaban “comprometidas”. La indignación creció al comprobar, posteriormente, quienes eran las personas adjudicatarias: La hija de González Suances (concejal responsable de urbanismo), la hija de uno de sus escoltas, otros 2 familiares de trabajadores municipales muy ligados a él, un concejal del PSOE de Durango, así como un familiar de otro militante del PSOE de Barakaldo.
Denunciados estos hechos en los medios de comunicación ,el PSOE se vio forzado a constituir una Comisión de Investigación en julio de 2009 que tuvo muy poco recorrido, pues, tras la segunda reunión celebrada en noviembre de ese año (la primera fue para constituirla formalmente), decidió dar carpetazo y disolverla, sin que siquiera se emitiera informe alguno por la misma, con la intención de que este asunto no se aclarara en todos sus aspectos y responsabilidades y que tampoco se hicieran públicas otras cuestiones relacionadas con este proyecto plagado de irregularidades e incumplimientos, como bien han denunciado las vecinas y los vecinos afectados por el proyecto.
El PSOE cerró en falso la Comisión de Investigación, pero desde la Izquierda Abertzale hemos seguido realizando las averiguaciones pertinentes, al considerar dicha actuación como constitutiva de un delito de prevaricación.
En efecto, la Ordenanza Municipal de Vivienda de Protección Local establece la obligación de abrir listas de solicitantes y su posterior adjudicación mediante sorteo público. En este caso, ni lo uno, ni lo otro. Se adjudicaron ”a dedo”.
Dicha Ordenanza fue aprobada por el Ayuntamiento en Pleno el 18 de febrero de 2005. El Equipo de Gobierno, constituido por representantes del PSOE y del PP, calificó 53 viviendas de La Siebe de Protección Local en su reunión del 15/9/2006, por tanto, con la Ordenanza en pleno vigor. En el acuerdo de la Comisión de Gobierno ya se manifestaba que parte de estas viviendas quedaban exentas de las obligaciones de listado y sorteo público, porque el promotor las tenía “comprometidas”. Este hecho fue reiteradamente denunciado por la Izquierda Abertzale en la Comisión de Investigación, lo que forzó la declaración de Amaia Fernández - en un claro intento de eludir su responsabilidad- afirmando, tal como se recoge en el Acta pertinente, que en aquel acuerdo “en ningún momento se hizo referencia a la exención del sorteo y que el acuerdo adoptado no puede modificar las decisiones del Pleno ( en referencia a la Ordenanza aprobada por este órgano), circunstancias que le eximen de cualquier corresponsabilidad en la decisión adoptada”.
Sin embargo, en la reunión de aquel Equipo de Gobierno, no sólo no se opuso, sino que admitió la “reserva” de dichas viviendas. Es más, técnicos del Área de Urbanismo declararon en la Comisión de Investigación que, en dicho acuerdo, “quedaba claro que no se iban a sortear, y que “la Junta de Gobierno Local expresa y conscientemente aplica parcialmente la Ordenanza de VPL”. Todo un ejemplo de descaro e hipocresía la actitud de Amaia Fernández, a la vez de un reconocimiento de lo que estamos denunciando.
Además de las responsabilidades políticas que este caso debiera acarrear, sus protagonistas también han incurrido en un delito penal, porque eran conscientes del incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Vivienda de Protección Local,. En efecto, el Código Penal establece que “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
Es indignante que estos cargos públicos utilicen su posición en beneficio personal, familiar o de amistades. Y mucho más, cuando se realiza vulnerando un derecho fundamental, como es el acceso a una vivienda. En consecuencia, además de la necesaria denuncia pública, hemos decidido acudir a los tribunales, porque actos de este tipo no deben quedar impunes.
Barakaldo, 18 de noviembre de 2010.
José M. Castaños Munsuri, Cristina Marcos Pérez e Isabel Villares Creo. Concejal y concejalas de la Izquierda Abertzale en el Ayuntamiento de Barakaldo.
