En concreto, en diciembre de 2013 se atendió a 665 ancianos mientras en el mismo mes de 2017 la cifra había caído a 578. Los datos contrastan con el hecho de que la cifra de vecinos mayores de 65 crece año a año: en 2013 eran el 21% de la población (21.129 personas) mientras en 2017 ya se alcanzaba el 22% (21.981).
Por su parte, el número de trabajadoras —sólo hay un varón en plantilla— ha pasado de 149 empleadas a 120. Esta reducción no ha supuesto que aumentaran las contratadas a jornada completa. De hecho, han bajado un 22% y ahora son 61 en lugar de 78. La plantilla tiene que ser subrogada aunque cambie la empresa de la contrata, por lo que la reducción implica que no se han cubierto ni jubilaciones ni eventuales.
El PNV ha decidido además congelar el presupuesto máximo para este servicio y se mantiene la barrera máxima de gasto en 4,524 millones de euros al año. La congelación implica de hecho un recorte porque el coste por hora se encarece un 6,8% y pasa de 29,07 euros a 31,06. Es decir, en el caso de gastar todo el presupuesto previsto, ahora se realizarán en un año 9.970 horas menos que con el contrato anterior, lo que supone un descenso del 6,4%.
El informe sobre las horas prestadas en 2017 señala que fueron 144.006,92, de las que 1.166 fueron extraordinarias. En 2013 fueron prácticamente las mismas (143.900,55) pero hubo menos extraordinarias (1.029). Dado que las horas se mantienen, los ancianos, al ser menos, reciben más tiempo de asistencia: alrededor de tres horas más al mes.
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