El equipo de Gobierno municipal (PNV) ha incumplido las leyes al contratar una encuesta para conocer la "valoración de la actuación del propio Ayuntamiento" por parte de la ciudadanía de Barakaldo. La nueva irregularidad en la contratación, con un coste de 17.883,80 euros, ha sido advertida por la máxima autoridad técnica en la material del Ayuntamiento de Barakaldo, el interventor. Las elecciones municipales se celebrarán el 26 de mayo de 2019.
Los responsables nacionalistas no han informado públicamente de qué pretenden con este estudio, pero el informe de fiscalización desvela que, además de conocer cómo valoran los ciudadanos la acción del Ayuntamiento, a meses del inicio de la campaña electoral, también se pretenden "aportaciones del gabinete de comunicación", saber "preocupaciones e intereses" de los barakaldeses, así como sus "propuestas de actuación y de mejora de la gestión", elementos que forman parte de un programa electoral.
En el capítulo de irregularidades, el documento de Intervención recuerda que el PNV ha utilizado la agencia de desarrollo municipal, Inguralde, para adjudicar esta encuesta y ello a pesar de que este organismo no tiene entre sus funciones ninguna relacionada con este "estudio de la opinión pública".
Por ello, considera que se ha producido una "vulneración" de la ley de contrataciones públicas, que señala que las Administraciones "no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales".
De hecho, el técnico entiende que hay una "incompatibilidad" entre las funciones de Inguralde y la encuesta contratada, a lo que se suma un "vicio de nulidad" en el expediente de contratación porque, aunque es obligatorio, tampoco se ha realizado el "informe de necesidad" que exige la ley de contratos públicos.
La encuesta se ha encargado de nuevo a la empresa bilbaína Gaia Investigación y Consultoría. En 2017 se le encomendó, a dedo y por 21.000 euros, un "estudio sociológico" sobre los distritos de la anteiglesia.
El estudio de opinión comenzó el 26 de abril y finaliza el 31 de diciembre. Cuando ya estaba en marcha el proceso, el equipo de Gobierno (PNV) hizo público, en junio, un comunicado en junio en el que negaba ser responsable de una encuesta telefónica sobre política local.
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