Un "informe absolutamente demoledor de intervención" —según ha descrito
Izquierda Unida— ha alertado de reiterados y graves irregularidades en los contratos del
Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por el
PSE, especialmente en el servicio de aparcamiento regulado. En concreto, según ha coincidido en denunciar toda la oposición, se da la paradoja de que, en contra de lo que indica la ley, la empresa concesionaria de la
OTA y grúa, ella cobra directamente las multas —86 euros— y no llega el dinero al Ayuntamiento, pero cuando se reclama por estas sanciones, la devolución la realiza el consistorio. Esta situación se ha producido en cinco casos sólo en abril de 2014, según ha revelado el
PP. El alcalde, Alfonso García Alonso (PSE), no ha respondido a las unánimes críticas opositoras sino que ha optado por acusar a los gobiernos municipales del
PNV en municipios próximos por incumplir la ley. Izquierda Unida ha exigido medidas ante estos informes "sonrojantes",
Bildu ha lamentado que el alcalde no vaya a enmendar la situación, el PP ha alertado de los incumplimientos legales del contrato de la OTA que se repetirán en la próxima adjudicación y el PNV ha advertido de que, además de la OTA, se ha contravenido la legislación vigente en otros expedientes, como 24.800 euros en telefonía de Alcaldía, 25.000 adjudicaciones directas contrarias a la ley o 400.000 euros en el
Instituto Municipal de Deportes sobre los que no consta expediente.
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