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La OTA cumple 15 años rodeada de polémica y sin lograr sus objetivos


por Mariela Estévez Campos

El martes 1 de octubre el servicio de regulación horaria del aparcamiento (OTA), una de las tasas municipales que más contestación popular ha obtenido en Barakaldo, cumplía 15 años sin haber logrado los objetivos con los que se implantó: resolver el problema de la falta de aparcamiento y disuadir del uso del vehículo privado, favoreciendo la movilidad en la ciudad. La puesta en marcha del servicio recibió los votos de PSE, PNV y PP. Como ahora hace EH Bildu, Herri Batasuna denunciaría poco después los 'enchufes' de familiares de políticos de estos tres partidos, entre ellos del hermano del entonces edil socialista y hoy alcalde, Alfonso García Alonso (PSE). Las polémicas en torno al servicio no se han apagado en tres lustros y ahora los cuestionamientos también proceden de 'populares' y nacionalistas, además de comerciantes y vecinos. El PSE gobernante y la empresa concesionaria Dornier no han contestado a las preguntas de BarakaldoDigital.

El presidente de la asociación de comerciantes ACE Barakaldo, Txomin Telletxea, que asume con resignación que “en todas las grandes ciudades los Ayuntamientos han implantado estos sistemas de control horario de aparcamiento”, afirma que, como comercios y como empresas, no se sienten satisfechos y que el balance de estos 15 años no puede ser muy positivo.

Telletxea cree que no es la solución ideal para que la gente se acerque al centro a realizar sus compras, sino que, al contrario, tiene un efecto disuasorio, ya que no resuelve el gran problema del aparcamiento y además lo penaliza al establecer un pago, empujando a los compradores hacia las grandes superficies de las afueras. La solución es difícil —admite—, no se siente capacitado para encontrarla, aunque opina que un buen principio sería reducir los elevados precios de los aparcamientos.

Modelo obsoleto. En opinión de la portavoz de EAJ-PNV, uno de los partidos que votó su aprobación, Amaia del Campo, la implantación de la OTA en Barakaldo "ha ayudado", pero sólo en parte. "Los barakaldeses seguimos sufriendo día a día grandes dificultades para encontrar aparcamiento en nuestros barrios y aunque seamos propietarios de la tarjeta de la OTA, esto no nos garantiza que al regresar de nuestros puestos de trabajo encontremos un plaza en nuestro barrio en donde poder aparcar”.

El PP de Barakaldo, que también votó a favor hace 15 años, afirma a través de su portavoz, Amaya Fernández, que no cuestiona el sistema sino la gestión que la concejalía de servicios municipales ha hecho del mismo. Opina que “el actual modelo de OTA en Barakaldo está obsoleto y que ha llegado el momento de modernizarlo para adaptarlo a las principales demandas de los barakaldeses y que los socialistas lo mantienen inalterable, entre otras cosas, por un mero interés recaudatorio más que por la regulación del aparcamiento”.

Afán recaudatorio. El portavoz de EH Bildu, Jorge Fernández, cuyo grupo se opone a la OTA, señala también su carácter recaudatorio, duplicando el pago por poseer un coche —ya se paga el impuesto de vehículos— y explica su fracaso porque “el tema de la movilidad y de la utilización de vehículos particulares no se soluciona con medidas recaudatorias, sino con planes integrales de actuación”.

Desde la formación 'abertzale', señalan la incongruencia que supone que el servicio de OTA puesto en marcha para solucionar los problemas de aparcamiento de Barakaldo funcione en zonas de Barakaldo donde no existe tal problema “a ninguna hora del día y ningún día de la semana —por ejemplo, en los alrededores de las torres de San Vicente—”. Y opinan además que “si el servicio de OTA es necesario debería ser el Ayuntamiento quien prestara el mismo, con un modelo de gestión directa, una medida que abarataría los costes”.

20 años de proyecto. La posibilidad de instaurar el servicio de regulación horaria del aparcamiento (OTA) en Barakaldo se contempló por primera vez en 1993 en un estudio sobre movilidad y calidad urbana en Barakaldo realizado gracias a una subvención del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

El informe destacaba que las plazas de aparcamiento eran ocupadas en un 60% o 70% por personas no residentes en el municipio y recomendaba el cobro por el uso del espacio urbano, limitando la estancia máxima a una hora y media o dos horas y aplicando una tarifa de 110 pesetas por hora de estacionamiento.

El informe municipal que se presentó con el proyecto en 1995 estimaba que la puesta en funcionamiento de la OTA en Barakaldo resultaría económicamente rentable, prediciendo un superávit del servicio por encima de los 50 millones de pesetas en el peor de los supuestos, con una ocupación de plazas del 40% y una tarifa baja, de 75 pesetas por hora de estacionamiento.

Oposición ciudadana. Los responsables municipales señalaban entonces que el objetivo de la implantación de la OTA era "no dar gratis el suelo libre que pueda dedicarse a otros usos", afirmando que el procedimiento serviría también como elemento disuasorio para la utilización del vehículo privado, potenciando el transporte público.

El proyecto se enfrentó a la oposición de vecinos, comerciantes y sindicatos del Hospital de Cruces, integrados en una Plataforma Anti-OTA, que iniciaron una serie de movilizaciones contra el proyecto municipal y entregaron en el consistorio alrededor de 5.000 mil firmas reclamando la celebración de una consulta popular sobre la cuestión.

Más coches que plazas. La plataforma criticaba la aprobación de la OTA durante los meses de verano, impidiendo de hecho la presentación de alegaciones contra el proyecto, denunciaba la carestía de las tasas, acusaba al Ayuntamiento de perseguir únicamente fines recaudatorios y “favorecer los intereses de la empresa privada”. Aducía además que la OTA “no solucionaba el problema real”, ya que la zona afectada contaba en aquel momento con 5.814 vehículos censados frente a las 3.885 plazas de estacionamiento que se iban a ofertar en un principio y señalaba que en todos los municipios del entorno en donde estaba implantada había generado déficit.

Así mismo, el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza remitió al Ayuntamiento un escrito, que no fue considerado por presentarse fuera de plazo, en el que advertía que la OTA no cubría las necesidades derivadas de la actividad del Hospital de Cruces, por lo que pedía que se estableciera una regulación diferente para el entorno del centro sanitario que permitiera a empleados, pacientes y visitas estacionar sin necesidad de cambiar la ubicación del coche cada 90 minutos (estancia máxima autorizada).

Tres años de retraso. La implantación de la regulación horaria del aparcamiento (OTA), prevista inicialmente para octubre de 1995, sufrió distintos retrasos que se justificaron en su momento por problemas legales. El primer aplazamiento se planteó hasta el otoño de 1996.

En noviembre de 1997 el pleno del Ayuntamiento, con los votos de PSE-EE, PNV y PP y el rechazo de IU/EB y HB —que se oponía alegando la falta de consenso con los vecinos, la escasez de plazas y la infrautilización del estacionamiento subterráneo de la plaza de Cruces debido a sus elevados precios—, aprobó la ordenanza municipal que regulaba su establecimiento en los barrios de La Paz, Cruces y Llano, medida que debía entrar en funcionamiento en primavera de 1998.

En junio de 1998 la mesa de contratación del Ayuntamiento de Barakaldo adjudicó a la empresa Dornier la explotación de los servicios de la OTA y de la grúa durante cinco años, con posible prórroga por tres años más.

De rentable a deficitario. El pliego de condiciones contemplaba en el caso de que el servicio no resultara rentable una posible revisión de los precios, indicando el área municipal de Servicios que el Ayuntamiento también podría asumir la diferencia, pese a que el equipo de gobierno había afirmado repetidas veces que la OTA tendría un coste cero para el consistorio.

Por fin, el 1 de octubre de ese mismo año, con un horario más extenso que en el resto de los municipios del entorno, el sistema de regulación horaria del aparcamiento (OTA), que posteriormente se extendería al centro urbano, entró en funcionamiento para regular un total de 4.446 plazas de estacionamiento, 1.941 de ellas en la zona del Hospital de Cruces, 1.368 en La Paz y 1.137 en Llano.

Enchufes. Desde que la OTA inició su andadura, la empresa concesionaria, que renovó su contrato con el Ayuntamiento en 2011, ha recibido continuas denuncias por parte de la ciudadanía, de los partidos de la oposición y de los sindicatos a los que pertenecen sus trabajadores.

Así, ya en sus inicios, Herri Batasuna, presente en el consistorio, la acusó de nepotismo en las contrataciones. La formación citó a la hija del entonces portavoz del PP, Sabino Fernández Palacio; la hermana de la concejala del PNV Encarni Villar y el hermano del entonces edil socialista y hoy Alfonso García Alonso; el hijo del presidente del Comité de Trabajadores del Ayuntamiento y delegado de Comisiones Obreras, Ángel Madrazo; la esposa del técnico municipal Michel Calvo y la hermana del militante socialista Domingo Gutiérrez, ayudante del concejal Jesús María González Suances.

En esa misma línea, el actual portavoz de EH Bildu, Jorge Fernández, destaca también que “algunas de las personas que trabajan en lo que rodea al servicio OTA están relacionadas, ya sea políticamente ya sea por vínculos familiares, con los partidos que en algún momento han gobernado en Barakaldo (PSOE, PNV y PP). Tanto entre los agentes como entre los encargados del depósito de vehículos”.

Dornier. Por otra parte, Dornier ha sido denunciada, sin consecuencias hasta el momento, por reiterados incumplimientos del pliego de condiciones: empleo de material y personal de Barakaldo para realizar trabajos en otros municipios, inobservancia de las normas de seguridad, no cubrir todos los puestos de trabajo a los que está obligada y por los que cobra.

El grupo municipal Ezker Anitza-IU les acusa de no pagar a sus proveedores y aplicar recortes y retrasos en el abono de los salarios de sus propios empleados y su comité de empresa denuncia el hecho de haber tenido que recurrir a la vía judicial para reclamar cantidades cuyo importe rondaría los 70.000 euros en conceptos de salarios no abonados por la adjudicataria a su plantilla.

Sin embargo, ha sido imposible conseguir explicaciones de la empresa sobre cualquiera de estos temas. A la llamada de Barakaldo Digital a sus oficinas, respondió una voz femenina que comenzó diciendo que “no solían hacer declaraciones” y que en cualquier caso el que las tendría que hacer sería “el jefe de aquí”. A continuación, contra toda lógica ya que no había soltado el auricular, afirmó que ya lo había llamado por teléfono y que no quería decir nada. “No voy a dar su nombre y tampoco puedo dar el teléfono de la central de Madrid porque lo han cambiado”, concluyó la portavoz de Dornier.

Mejoras. Todos las fuerzas políticas presentes en el Ayuntamiento, cualquiera que sea su grado de aceptación de la OTA, proponen mejoras para el servicio. Entre ellas, hay una en la que coinciden todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, incluido el PSE, pero que, en opinión de Amaya Fernández, “no se articula por falta de voluntad de nuestros gobernantes” y que responde a una antigua petición de la Asociación de Comerciantes de Barakaldo, como señala su presidente: la posibilidad de que los propietarios de negocios en la anteiglesia que no estén domiciliados en el municipio puedan acceder a las tarjetas de la OTA de residentes.

Jorge Fernández explica: “En EHBildu propusimos hace ya dos años la posibilidad de que profesionales de la hostelería y el comercio, cuyos horarios o lugares de residencia imposibiliten el uso de transporte público, dispongan de una tarjeta similar a la de residente para poder atender sus negocios”.

Algo similar a lo que plantea el Partido Popular (PP) a través de su portavoz, Amaya Fernández, que propone “que comerciantes, hosteleros y autónomos en general que tienen su negocio en Barakaldo, pero residen fuera del municipio, puedan sacar tarjeta de OTA vinculada a su zona de estacionamiento limitado, abonando el importe correspondiente como los residentes”.

También incide en ello el EAJ-PNV,  a través de Amaia del Campo. “Uno de esos problemas a resolver es de los comerciantes y titulares de Barakaldo que, aun no siendo residentes en nuestra ciudad, necesitan utilizar a diario el vehículo (muchas veces resulta imprescindible para desarrollar su trabajo), y que hasta ahora no han podido contar con tarjeta de aparcamiento. Creo que hay que atender las necesidades de ese colectivo que trabaja día a día para generar actividad económica y empleo y mantener viva nuestra ciudad”.

Reformas. Además de este tema común, el PP propone un proceso de participación ciudadana a través del portal web del Ayuntamiento, de las casas de cultura y con las asociaciones de vecinos, comerciantes y hosteleros para acordar propuestas de mejora.

Ante las quejas vecinales por la deficiente delimitación de las 11 zonas de aparcamiento limitado en las que está dividido Barakaldo, el PP sugiere la creación de una zona única para residentes, de tal manera, que los ciudadanos que paguen la tarjeta de residente puedan aparcar su vehículo, sin coste añadido, en cualquier punto del municipio.

Plantean además los 'populares' el aparcamiento gratuito durante los primeros 20 minutos en todas las zonas del área de estacionamiento controlado del municipio, una medida que ya han implantado otras ciudades vascas y que beneficiaría a personas que se desplazan en vehículo para realizar gestiones, especialmente a los comerciales o trabajadores de cualquier gremio que necesiten de un corto espacio de tiempo para realizar cualquier tipo de actividad y que se pueda pagar con tarjeta de crédito tanto el importe de los 'tickets' como la anulación de multas, en las 368 máquinas expendedoras que se aportan a esta concesión.

Menos plazas. EAJ-PNV que denuncia la destrucción de numerosas plazas de aparcamiento por culpa de la remodelación de calles llevada a cabo por el equipo de Gobierno, propone la elaboración de un plan de movilidad.

“A través del plan se podrían establecer las necesidades de Barakaldo en materia de transporte y movilidad, estudiar si la aplicación actual de la OTA es adecuada y si el diseño de nuestras calles resulta acorde o no al número de aparcamientos que necesitan los barakaldeses", señala Del Campo.

"También serviría para conocer si las alternativas de transporte público que se ofrecen en nuestro pueblo responden a las necesidades de una ciudad de 100.000 habitantes”, indica la edil nacionalista, que apuesta por el fomento del transporte público y, aunque reconoce que Barakaldo cuenta con una buena red de transporte público, considera que la oferta que el Ayuntamiento hace del Kbus, se ha demostrado insuficiente.