El Ayuntamiento, que está sin presupuestos desde 2024 a pesar de que los gobernantes PNV y PSE suman mayoría absoluta, dio 15 días, hasta el 30 de diciembre, para la presentación de enmiendas por la oposición, antes del debate en pleno para aprobar el documento. Sin embargo, tras semanas sin ninguna actividad, ahora se conoce que el proceso ha quedado anulado y se tendrán que rehacer las cuentas.
"Hemos creado un borrador realista, que cubre las necesidades de la ciudad", señaló Foces el 9 de diciembre tras entregar su propuesta para 2026 a los grupos políticos en el Ayuntamiento. Sin embargo, se sabía desde el inicio que no había realismo porque el funcionario económico más importante en la Corporación, el interventor, que actúa con independencia, había alertado de que no se cumplía la ley.
En concreto, el informe obligatorio que acompañaba a las cuentas de PNV y PSE alertaba de que no se preveía ningún incremento salarial para los trabajadores municipales a pesar de que el Gobierno central (PSOE-Sumar) iba a aprobarlo. El análisis técnico destacaba que la "estimación insuficiente en partidas de gastos de retribuciones y seguridad social" podía dar lugar a que se anulara el presupuesto por una reclamación.
La actuación incorrecta del Gobierno PNV-PSE quedó a la vista cuando la alcaldesa, Amaia del Campo, se vio obligada en enero a convocar un pleno para, de manera extraordinaria y urgente, aprobar una partida económica de 2,4 millones para hacer frente a los gastos de personal porque no contaba legalmente con el dinero necesario para abonar los salarios que correspondían.
La obligación legal es aprobar los presupuestos en octubre para que el 1 de enero ya estén en pleno funcionamiento, pero el Gobierno de la alcaldesa Amaia del Campo (PNV) no lo ha hecho ni una sola vez en los 10 años que ya lleva en el poder. La peor situación se dio en 2025, cuando ni siquiera se hizo el intento, lo que llevó a problemas en pagos y subvenciones.
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