El pago corresponde al programa de conciertos en la calle bautizado como 'Musika kalean'. Dado que el coste asciende a 35.000 euros, la ley de contratos dice que hay que convocar un concurso y permitir que las empresas del sector compitan. Sin embargo, el PNV ha burlado la norma y ha dividido el proyecto en dos y se lo ha dado a dedo a dos sociedades que tienen al frente a una misma persona.
De hecho, no sólo ha evitado la ley sino que también ha ignorado la propia normativa del Ayuntamiento de Barakaldo, que exige que se invite a tres compañías diferentes cuando se trate de contratos por encima de 6.010,12 euros. Para salvar este requisito, ha alegado que se debe aplicar la excepción porque se trata de "actuaciones artísticas singulares" y de un "servicio completo" que sólo la empresa elegida a dedo puede proporcionar.
De esta manera, un proyecto único, como es un programa de conciertos, se ha convertido en dos contratos supuestamente distintos, que porque sus costes está justo en el límite legal, se pueden dar a dedo, salvo que se trate de un fraude, lo que puede tener consecuencias penales en caso de probarse la voluntad de vulnerar la ley.
Así, la "contratación de los artistas y la producción de los 13 conciertos de pequeño formato en los barrios del jueves 29 de junio hasta el domingo 9 de julio" se ha dado, por importe de 17.908 euros, a GMC Business Group Marketing Audiovisual y Comunicacion SL; mientras que Tele Bilbao SL recibe 17.092 euros por la "grabación profesional y elaboración de vídeos, y emisión de anuncios de promoción en Telebilbao, Radio Nervión y redes sociales".
Ambas compañías están directamente relacionadas porque quien figura como "administrador único" de GMC Business Group Marketing Audiovisual y Comunicacion SL consta como "director general" de Tele Bilbao SL, parte de un extenso grupo de empresas.
No es la primera vez que el PNV en la alcaldía usa estas artimañanas, lo que ha provocado que las irregularidades —"fragmentación de contrato" prohibida por la ley— generaran informes de advertencia por parte del funcionario de más alta autoridad en materia de cuentas, el interventor del Ayuntamiento. Sin embargo, el Gobierno de Amaia del Campo ha ignorado cualquier alerta e incluso ha descalificado públicamente al alto funcionario.
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