El desalojo de este 4 de diciembre ha sido por sorpresa y con carácter urgente, pero el departamento de Educación (PNV) del Gobierno Vasco conocía el mal estado del edificio del instituto de Secundaria Trueba desde hace al menos nueve meses. El informe técnico que ha justificado la evacuación fue contratado en septiembre. En febrero ya hubo otro estudio porque la constructora contratada para reformar el inmueble descubrió la situación "al retirar los revestimientos".
El objetivo de los trabajos era adaptar el inmueble al actual número de estudiantes y a los grupos que los desdobles lingüísticos exigen. Existen 40 aulas y laboratorios pero se necesitan 48. Hay además que incrementar la dotación "deficiente" de aseos y construir un nuevo comedor más grande para reducir a dos los turnos de comida, por lo que la sala tiene que pasar de 78 a 200 metros cuadrados.
Además, la intervención debe "garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad actualmente vigentes, reglamento electrotécnico de baja tensión, protección contra incendios y seguridad estructural y de utilización".
La obra implica, entre otras medidas, levantar "una nueva planta sobre el cuerpo noroeste del edificio existente que consta de planta semisótano, baja y planta primera". Para el nuevo comedor hay que crear también una planta sobre el gimnasio.
Los trabajos estaban fijados en 13 meses, por lo que el proyecto pasó a manos del nuevo Ejecutivo autonómico, presidido por el actual 'lehendakari', Íñigo Urkullu (PNV). Sin embargo, aquel proceso quedó en nada. La empresa, "por razones desconocidas, se abstuvo de iniciar las obras y rescindió el contrato", según señala la memoria del proyecto actual.
Cuatro años después, en noviembre de 2015, el Gobierno Vasco actualiza el proyecto de "reforma y ampliación" del mismo instituto. Pero no se contrata. "La coyuntura económica aconsejó entonces al Gobierno el posponer la convocatoria de un nuevo concurso para la adjudicación de las obras".
De este modo, el proceso se retrasa hasta finales de 2017. En abril se abre el plazo de recepción de ofertas de las constructoras. El gigante Ferrovial Agromán SA consigue el contrato por 2.128.368,37. El plazo de obras se amplía: de 13 meses pasa a 15. Formalmente, el 3 de noviembre de 2017 comienzan las obras.
Nada más arrancar los trabajos, se descubre el problema: "Con motivo de las obras de rehabilitación del edificio anexo del instituto de Educación Secundaria, previo al levante de planta que estaba previsto acometer, al retirar los revestimientos se detectaron patologías y vicios ocultos en la estructura de hormigón", señala el documento por el que se decide hacer un estudio de la situación.
Las conclusiones de los dos informes iniciales obligan a actuar. "Se considera necesario llevar a cabo un estudio exhaustivo de la estructura de todos los edificios que componen el conjunto edificatorio con el fin de analizar su seguridad estructural y establecer recomendaciones sobre la conservación, reparación o refuerzo de la estructura que deban ser consideradas en el proyecto de rehabilitación", establece el Gobierno Vasco. En enero se anuncia que volverán a la anteiglesia, al vacío y sin uso inmueble de la antigua Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Minas, en Beurko.
De este modo, con una tramitación "ordinaria", sin urgencia, se convoca la contratación y el 3 de septiembre de 2018 se formaliza la adjudicación a Geotecnia y Cimientos SA, que en 10 semanas debe entregar los resultados. El plazo impuesto significa que el 4 de noviembre tuvieron que llegar los documentos finales al departamento de Educación.
Un mes después, el 4 de diciembre, rueda de prensa de por medio y por sorpresa para la comunidad educativa, con el argumento de "un imprevisto" y "carencias estructurales que aconsejan demoler" el instituto, se ha ordenado el inmediato y urgente desalojo y traslado de los estudiantes de Barakaldo a un centro en Bilbao, el Artazugoikoa, en Rekalde.
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