El análisis técnico está pendiente de adjudicación —que puede producirse en septiembre— y tendrá un plazo de "dos meses y dos semanas" para emitir el informe que, además de inspeccionar y establecer las consecuencias de los defectos, evalúe el estado de los inmuebles, establezca conclusiones sobre "la seguridad estructural" y emita recomendaciones de intervención.
Aunque el caso ha salido a la luz pública en junio de 2018, las autoridades conocen al menos desde comienzos de año la situación. De hecho, en febrero ya hubo un informe preliminar, tras el que se elaboró un segundo análisis. El actual es, por lo tanto, el tercero y "exhaustivo", debido a las conclusiones de los dos anteriores.
El descubrimiento de los problemas se ha registrado a raíz de un proyecto, de 2015, para rehabilitar el edificio y adaptarlo a las normas de accesibilidad. "Al retirar los revestimientos se detectaron patologías y vicios ocultos en la estructura de hormigón. Este hecho llevó a cuestionarse el estado de la estructura, no sólo en el edificio anexo sino también en el principal", señala el informe del Gobierno Vasco.
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