Esta actuación irregular de los responsables locales se ha producido porque, a sabiendas de que ya se agotaba el contrato anterior, se retrasó hasta finales de septiembre el proceso para adjudicar a una nueva empresa. Hasta que termine el proceso, que no será antes de enero de 2019, se necesita mantener el servicio y, ante la amenaza de la empresa de no seguir y no aceptar un prórroga, por razones económicas, el equipo de Gobierno le ha subido el dinero que le pagaba.
El máximo responsable técnico en el Ayuntamiento en materia de cuentas, el interventor, ha emitido al respecto un informe que ordena la paralización de esta contratación irregular, pero la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), ha ordenado que siga adelante la prórroga, a la espera de la definitiva a una nueva compañía.
El documento de intervención de cuentas alerta de que el equipo de Gobierno está pagando a la contrata, desde el 1 de noviembre y, en principio, hasta el 31 de diciembre, por encima de lo establecido en el contrato original. En total sumarán 680.658,37 euros. Exactamente es un aumento de 1,77 euros del precio de cada hora de ayuda a domicilio realizada, aunque en el documento de adjudicación no se contempla la posibilidad de ajustar el dinero abonado.
Es decir, el PNV ha modificado sin ningún procedimiento legal las condiciones económicas, lo que es calificado en el informe como "una frontal vulneración del principio de riesgo y ventura que debe regir la contratación administrativa, conforme al dictado del artículo 215 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público".
"La vulneración de las prescripciones normativas en lo que hace a modificación o revisión de precios de los contratos del sector público no puede encontrar amparo en la conformidad o concurrencia de voluntades de poder adjudicador y contratista. Por el contrario. estaríamos aquí ante una auténtica alteración de los elementos esenciales del contrato, lo que deviene en vicio de nulidad radical de pleno derecho, conforme a lo establecido en los artículos 47,1.e) de la Ley 39/2015 (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)", advierte en interventor.
El área de Acción Social, que dirige el concejal Mikel Antízar (PNV), justifica la alteración del precio pagado por el perjuicio que supondría que se suspendiera el servicio de ayuda a domicilio, que atiende a ancianos y a personas con problemas para desenvolverse por sí solas en su vida cotidiana.
"Con el fin de no dejar de prestar el servicio y considerando que el resultado del trabajo realizado por la empresa adjudicataria es satisfactorio y ajustado al pliego de condiciones que sirvió de base para la adjudicación, y siendo necesaria la continuidad del mismo, por el colectivo al que va dirigido y por las consecuencias que acarrearía su paralización, por parte del Área de Acción Social se ha solicitado e iniciado la tramitación de la prórroga de referencia con modificado de contrato", señala un contrainforme, que no hace referencia al retraso en el proceso para lograr a tiempo una nueva contrata.
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