El Ayuntamiento de Barakaldo tendrá, por orden judicial, que pagar un 1.046.983 euros en el plazo de un mes a la empresa que inicio la construcción del aparcamiento de Herriko Plaza, según ha informado el PP. Así lo ha decidido el juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Bilbao, que ha dictado un auto para la ejecución forzosa de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que declaró nula la decisión municipal de 1998 de quitar a la controvertida empresa Ormak Egin el contrato de construcción y gestión del estacionamiento. La resolución obliga además a devolver a la empresa la explotación del aparcamiento en las condiciones acordadas en el contrato suscrito en el año 1997. El PP que ha denunciado el "despilfarro" de dinero público y ha pedido a los dirigentes socialistas que asuman responsabilidades políticas "tras el nuevo varapalo judicial". La portavoz 'popular', Amaya Fernández, ha asegurado que el PSE ha ocultado durante tres semanas a los grupos municipales la existencia de este auto judicial de ejecución forzosa de sentencia, que fue notificado el día 27 de enero. El PP considera con esta ocultación los socialistas querían evitar que afectara los datos del remanente de tesorería —dinero sobrante del año anterior—, que el PSE dijo que eran casi ocho millones de euros.
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• Cronología del caso Ormak Egin
Nota de prensa
Tras conocerse el Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo
El PP critica el despilfarro de 1 millón de euros en indemnizaciones por el caso del parking de Herriko Plaza
• “Hay que pagar un millón de euros a la empresa adjudicataria cuando la construcción y explotación de este parking debía costar cero euros a los barakaldeses” aseguró Amaya Fernández, portavoz del PP
11. febrero. 2015.- El Partido Popular en Barakaldo, Amaya Fernández, ha invitado a los dirigentes socialistas a asumir responsabilidades políticas tras el nuevo varapalo judicial en el conocido como “caso del parking de Herriko Plaza”.
El pasado mes de enero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Bilbao dictó Auto por el que resolvió acordar la ejecución forzosa de la sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nº 434/2013, de 12 de julio. El Juez obliga a que en el plazo de un mes el Ayuntamiento indemnice a Ormak Egin Construcciones, S.A., en la cantidad de 1.046.983 euros y, al tiempo, que esta empresa sea repuesta en la explotación del aparcamiento subterráneo de vehículos de la Herriko Plaza de Barakaldo, en las condiciones acordadas en el contrato suscrito en el año 1997.
En el referido Auto se anulan todas las decisiones y condiciones impuestas en los Decretos de Alcaldía números 3312 y 3313, de 30 de Abril de 2014, que el gobierno municipal impulsó asegurando que así se cumplía la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En los citados Decretos el gobierno municipal aseguraba que la empresa era la que debía indemnizar al Ayuntamiento, y no al revés, en la cantidad de más de 4 millones de euros.
CHAPUZA URBANÍSTICA
La portavoz popular ha lamentado que el gobierno municipal haya ocultado durante tres semanas a los grupos municipales la existencia de este Auto judicial de ejecución forzosa de sentencia, que fue notificado el día 27 de enero. “Hasta hoy no se han dignado a informarnos. Es evidente que estamos ante un claro caso de picaresca política, porque querían evitar contabilizar esta cuantiosa indemnización en la aplicación del remanente de tesorería del Presupuesto Municipal del año 2014, que se hizo público el pasado 11 de febrero”, señala-
“Ha sido lamentable escuchar hoy a los portavoces socialistas afirmar que debemos estar razonablemente contentos porque la cantidad es muy inferior a la que inicialmente pedía la empresa. Parece que olvidan que este parking no debía costar a los barakaldeses ni un euro.”
“El problema es que no solo tendremos que pagar a escote entre los barakaldeses esta chapuza urbanística, que el Auto judicial cifra en un millón de euros, sino que esto supone que tendremos que renunciar a proyectos de inversión y de ayuda a las personas más necesitadas que podrían haberse acometido con este millón de euros”.
