La afirmación se ha producido en el acto de toma de posesión de Goenaga de su segundo mandato al frente de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que se ha referido a los "cambios inciertos en las secciones penales por la modificación de la competencia en materia de delitos contra la libertad sexual".
La magistrada se refería así a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que en su reformado artículo 89 señala que las secciones de Violencia sobre la Mujer conocerán "de la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual cuando la persona ofendida por el delito sea mujer".
Reyes Goenaga no ha cuestionado "el concepto" pero ha indicado que "el problema está de nuevo en que la reforma no viene acompañada de un plan de refuerzo, ni de una previsión económica" y "la realidad" es que los juzgados de mujer de Bilbao y Barakaldo "no están preparados para este cambio" con "el volumen de asuntos que ya tramitan y con el volumen de la delincuencia que ahora deberán asumir".
Al respecto ha añadido que no es sólo una cuestión de volumen de casos "sino de la calidad de la respuesta". Estos juzgados ya tratan actualmente con mujeres víctimas de violencia machista y ahora tendrán además que atender "situaciones urgentes de delincuencia sexual o de trata de personas con fines de explotación sexual" así como "tomar declaración a mujeres con una dosis de victimización intensa y cuyas manifestaciones serán muy probablemente la prueba decisiva en un futuro juicio oral por un delito contra la libertad sexual".
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha demandado en este sentido que "deben mantenerse el número de plazas judiciales existentes en las secciones de instrucción de Barakaldo y Vitoria-Gasteiz" en materia de violencia de género, "sin que sea factible la reducción de una de ellas en cada uno de esos partidos judiciales". Además, "deben incrementarse las plazas previstas para las secciones de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo (pasando de una a dos)".
Extracto del discurso de Goenaga
"Si hay una preocupación que nos ocupa especialmente a los miembros de la Sala de Gobierno, es la que se refiere a la modificación de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que asumirán en octubre el conocimiento de todos los delitos contra la libertad sexual. Sin cuestionar el concepto, que tiene su sentido y fundamento en los instrumentos internacionales que abordan la violencia contra las mujeres, el problema está de nuevo en que la reforma no viene acompañada de un plan de refuerzo, ni de una previsión económica. Y la realidad es que los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao y el juzgado de Barakaldo, con el volumen de asuntos que ya tramitan y con el volumen de la delincuencia que ahora deberán asumir, no están preparados para este cambio. El colapso de estos órganos va a ser una realidad inevitable si no se toman medidas urgentes para reforzarlos o para comarcalizarlos".
"Y no se trata solo del volumen de asuntos, sino de la calidad de la respuesta: estos órganos ya tratan con mujeres víctimas de violencia de género y por ello, en la guardia, tramitan cada asunto con el tiempo y el cuidado que la situación merece, adoptando las órdenes de protección para las mujeres afectadas o las decisiones sobre los menores, que también sufren, y mucho, esta situación".
"Ahora se verán atendiendo, además, situaciones urgentes de delincuencia sexual o de trata de personas con fines de explotación sexual (prisiones, ordenes de entrada y registro, intervenciones telefónicas, declaraciones preconstituidas de personas extranjeras). Y por supuesto tendrán que tomar declaración a mujeres con una dosis de victimización intensa y cuyas manifestaciones serán muy probablemente la prueba decisiva en un futuro juicio oral por un delito contra la libertad sexual. La prisa no encaja en esta labor. Como los propios titulares de juzgados de violencia han manifestado al CGPJ “cuando todo se convierte en urgente, nada lo es”. Es una buena y preocupante manera de definir el escenario que se avecina".
"Por eso, como presidenta de la comisión de violencia sobre la mujer de Bizkaia estaré muy atenta a la nueva situación y como miembro de Sala de Gobierno colaboraré en lo que sea necesario para que esos refuerzos indispensables o las soluciones de comarcalización sean pronto una realidad".
Discurso de la presidenta de la Audiencia Provicial de Bizkaia
Excmo. Sr. Presidente del TSJ, Excma. Sra. Fiscal Superior, Excma. Sra. Secretaria de Gobierno, miembros de la Sala de Gobierno, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros, compañeras, amigos y familia. Ohore handia da niretzat berriro ere Probintzia Auzitegiko buru izendatu izana, eta oso eskertuta nago Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari, organo honi eskarmentua ematen jarrai dezakedala uste izan baitu.
Me siento muy honrada por haber sido designada de nuevo para presidir la Audiencia Provincial y muy agradecida al CGPJ, que ha pensado que puedo seguir aportando experiencia a este órgano, que es clave para el correcto desarrollo de la Administración de Justicia en la provincia de Bizkaia.
Aunque el momento de dar cuenta de lo conseguido es siempre un cuadro de claroscuros, pienso que lo importante es el rumbo, la impronta que uno va dejando con su trabajo. En estos cinco años han cambiado unas cuantas cosas. Se ha desarrollado un sistema completo de gestión procesal y por fin hemos dado el salto al trabajo digital, dejando de lado (casi por completo) los expedientes físicos.
Aun con todas las mejoras que se deben seguir haciendo y con las dificultades que hemos tenido, se ha dado un vuelco al modo de trabajar en los órganos judiciales. El esfuerzo que ha realizado, y sigue realizando, el Departamento de Justicia ha sido enorme y es digno de todo nuestro reconocimiento. Sus actuales responsables saben que contarán con mi colaboración, como hasta ahora, para que ese esfuerzo siga dando frutos para el objetivo de modernizar la Justicia.
En estos años una de mis prioridades ha sido la propia Audiencia, su funcionamiento interno. La Audiencia sigue teniendo, en general, una buena salud, aunque se avecinan dificultades por la sobrecarga de trabajo en las secciones civiles y cambios inciertos en las penales por la modificación de la competencia en materia de delitos contra la libertad sexual.
Seguimos teniendo unos índices de respuesta muy razonables, debiendo mencionar el esfuerzo que hemos hecho tanto en el ámbito civil como en el penal por coordinar criterios y con ello incrementar la seguridad jurídica, lo que era y seguirá siendo una tarea prioritaria. Sin duda, todo esto es fruto del esfuerzo de sus 21 magistrados y magistradas, de las siete letradas de la administración de justicia y de los más de 60 funcionarios que trabajan en este órgano. A todos os agradezco vuestro esfuerzo, vuestra eficacia y buen hacer, así como la colaboración que siempre me habéis ofrecido y con la que sigo contando en esta nueva etapa.
Hace cinco años me propuse como objetivo prioritario la actuación con las víctimas. Señalaba entonces que esperan de nosotros protección, amparo, justicia, y muchas veces lo que se encuentran es confusión, distancia y más dolor. Aunque queda camino por recorrer, se han unificado prácticas para evitar el contacto visual de los encausados con los denunciantes y hemos trabajado muy especialmente en el programa de acompañamiento a víctimas vulnerables, iniciado en 2020 en este órgano como un programa piloto impulsado por el Departamento de Justicia y actualmente en el marco del Servicio de Asistencia a la Victima.
Los delitos de los que conocemos, por su gravedad y la naturaleza de la victimización que provocan, exigen (y ahora me dirijo de nuevo a los responsables de Justicia) que este programa se mantenga y se intensifique. Sabemos que ese acompañamiento es esencial para quien está viviendo una situación traumática como es recordar el delito y encontrarse en un proceso penal en el que, como marco de garantías que es, la víctima puede no encontrar el acogimiento que espera.
Para finalizar el repaso por esta etapa, diré que la colaboración con las instituciones que tienen relación con la Administración de Justicia ha sido en este tiempo esencial para mi labor y muy fructífera. Por señalar una muestra, destacaría el trabajo realizado en la comisión de coordinación de violencia sobre la mujer, con el esfuerzo de múltiples instituciones.
Con independencia de los proyectos concretos realizados, que han sido muchos, lo importante ha sido siempre crear puentes entre todos. Instituciones con miradas distintas, con distintos lenguajes, pero con el mismo objetivo de mejorar la coordinación en la lucha contra las agresiones que siguen sufriendo las mujeres, todavía tantas veces solo por el hecho de ser mujeres. Hemos trabajado mucho, pero lo importante es que todos vamos a seguir en este empeño.
Tras este repaso, llega el momento de exponer los nuevos retos y las nuevas preocupaciones: la entrada en vigor de la ley 1/25, supone una nueva forma de entender la estructura judicial y nos va a exigir un esfuerzo de definición.
El nuevo concepto de tribunales de instancia con sus oficinas comunes puede suponer, con el tiempo, que jueces y tribunales nos centremos en el dictado de resoluciones y puede lograr, también, una mayor coordinación en la 3 respuesta judicial. Pero me preocupa la gestión del cambio y el periodo de adaptación que, sin ninguna duda, tenemos por delante.
También me preocupan algunas novedades procesales, especialmente en la jurisdicción civil, donde el nuevo requisito de procedibilidad con los medios adecuados de solución de controversias viene acompañado de una dosis alta de incertidumbre, pues no está nada claro si contribuirá a una mayor eficacia y rapidez en el cierre del proceso, o si, por el contrario, supondrá una carga económica nueva para el justiciable y un incremento de la duración del proceso, así como un incremento de trabajo, especialmente para el cuerpo de letrados de la administración de justicia. Si el objetivo es reducir la pendencia y el retraso, la solución es otra: crear más plazas de juez y acercarnos así a la media europea.
Pero si hay una preocupación que nos ocupa especialmente a los miembros de la Sala de Gobierno, es la que se refiere a la modificación de la competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que asumirán en octubre el conocimiento de todos los delitos contra la libertad sexual. Sin cuestionar el concepto, que tiene su sentido y fundamento en los instrumentos internacionales que abordan la violencia contra las mujeres, el problema está de nuevo en que la reforma no viene acompañada de un plan de refuerzo, ni de una previsión económica.
Y la realidad es que los dos juzgados de violencia sobre la mujer de Bilbao y el juzgado de Barakaldo, con el volumen de asuntos que ya tramitan y con el volumen de la delincuencia que ahora deberán asumir, no están preparados para este cambio. El colapso de estos órganos va a ser una realidad inevitable si 4 no se toman medidas urgentes para reforzarlos o para comarcalizarlos.
Y no se trata solo del volumen de asuntos, sino de la calidad de la respuesta: estos órganos ya tratan con mujeres víctimas de violencia de género y por ello, en la guardia, tramitan cada asunto con el tiempo y el cuidado que la situación merece, adoptando las órdenes de protección para las mujeres afectadas o las decisiones sobre los menores, que también sufren, y mucho, esta situación. Ahora se verán atendiendo, además, situaciones urgentes de delincuencia sexual o de trata de personas con fines de explotación sexual (prisiones, ordenes de entrada y registro, intervenciones telefónicas, declaraciones preconstituidas de personas extranjeras). Y por supuesto tendrán que tomar declaración a mujeres con una dosis de victimización intensa y cuyas manifestaciones serán muy probablemente la prueba decisiva en un futuro juicio oral por un delito contra la libertad sexual.
La prisa no encaja en esta labor. Como los propios titulares de juzgados de violencia han manifestado al CGPJ “cuando todo se convierte en urgente, nada lo es”. Es una buena y preocupante manera de definir el escenario que se avecina.
Por eso, como presidenta de la comisión de violencia sobre la mujer de Bizkaia estaré muy atenta a la nueva situación y como miembro de Sala de Gobierno colaboraré en lo que sea necesario para que esos refuerzos indispensables o las soluciones de comarcalización sean pronto una realidad.
Quiero terminar estas líneas haciendo una breve reflexión sobre nuestra labor como jueces, que es lo que me representa en gran medida tras estas casi cuatro décadas de desempeño profesional. El trabajo de juez, que tanto me ha aportado y me aporta, lleva consigo la exigencia, la responsabilidad, la independencia, la paciencia, la humildad de quien decide (aunque parezca lo contrario), la superación de las dudas o la determinación.
Miro a mi alrededor y reconozco en las nuevas generaciones estas mismas características y estos modos de hacer y de sentir nuestro trabajo. Pienso que la justicia (esa justicia con mirada tan femenina que vamos conformando para el futuro) está en buenas manos, de juezas y jueces valientes, trabajadores y decididos a afrontar los cambios que vienen, desde los tribunales de instancia a la inteligencia artificial.
Solo añadiré que últimamente el colectivo judicial siente, sentimos, la necesidad de defender nuestra legitimidad y nuestra independencia por encima de cualquier cuestionamiento, en la convicción de que representamos un poder del Estado y de que tenemos una función esencial que desarrollar en el Estado de Derecho. Esta labor pedagógica que nos parecía innecesaria (por evidente) hace un tiempo, parece más necesaria que nunca en estos momentos y por eso no quería dejar de hacer esta referencia hoy.
Acabo ya, agradeciendo a todos vuestra presencia en este acto, sobre todo a los compañeros, a los amigos y a mi querida familia. Sé que tengo una responsabilidad que cumplir y sé que estaréis pendientes de que lo haga. Ados nago eta ardura hori hartzen dut. Gracias a todos. Eskerrik Asko.
Discurso del presidente del TSJPV
-I- Querida Reyes. Pones tu conocimiento y experiencia al servicio de unos retos complejos y apasionantes. Al discurso que acabas de pronunciar me remito. Gracias por ello. Pongo el acento, en aras a la siempre deseable brevedad (que no parquedad) en tres cuestiones que me ha suscitado lo acabo de escuchar. A saber:
i) el necesario incremento de los jueces y juezas para decidir en el tiempo y en la forma exigidos por un Estado de Derecho;
ii) la configuración de las Secciones de Violencia sobre la Mujer
y iii) el diseño de las Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia.
-II- Como ya señalé en la intervención producida hace un mes en esta misma sede es un reto insoslayable perseguir una justicia que sea ágil en la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas. Por ello tratamos de obtener el máximo rendimiento posible de LO 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que introduce un cambio radical en la organización de los actuales Juzgados y Tribunales.
Una de las razones perfiladas en la referida LO para introducir los Tribunales de Instancia y generalizar, como imperativo, el servicio común de tramitación y, como facultativos, el resto de servicios comunes, es la menor exigencia inversora precisa para la creación de plazas judiciales.
Se habla de que hará falta la cuarta parte del dinero que ahora precisa la creación de un órgano judicial. Es, sin duda, un argumento de peso en el terreno de las finanzas públicas tradicionalmente magras en el campo de la Justicia.
Por ello, siendo conscientes de que el déficit estructural del sistema de justicia es el reducido número de juezas y jueces, en el pleno de 4 de abril, hemos propuesto, como Sala de Gobierno, la creación inmediata de 28 plazas judiciales.
Dejando al margen las cuatro plazas propuestas para las Secciones de Violencia sobre la Mujer (a las que luego haré referencia), esta petición tiene un fundamento empírico incuestionable: trata de paliar la situación de aquellos órganos judiciales que en los últimos tres años han excedido del 130% de la carga de trabajo que tienen asignada por el acuerdo suscrito el año 2018 entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
Para llegar a los parámetros de la Unión Europea (17 jueces/as por cada 100.000 habitantes) harían falta otros tantos. La necesidad se circunscribe, fundamentalmente, aunque 3 no exclusivamente, a las futuras Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia (14 plazas) y a la Sección Social de Bilbao (4 plazas). También abarca, aunque en menor medida, a las Secciones Penales y a las Audiencias Provinciales.
Conscientes de que la gestión del cambio precisa conocimiento y persuasión, también hemos puesto en marcha, en colaboración con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Gobierno, una labor informativa en cada uno de los catorce partidos judiciales de Euskadi sobre la configuración, en cada uno de ellos, del Tribunal de Instancia, el diseño de la oficina judicial y la organización del personal de la Administración de Justicia en el marco del referido diseño. Estas sesiones informativas comenzarán este jueves en Azpeitia y Tolosa para finalizar, el 2 de julio, en Bilbao.
-III- En el ámbito del tratamiento jurisdiccional de la violencia de género hemos diseñado, en los Plenos de 28 de febrero y 4 de abril de este año, las propuestas que estimamos más plausibles para lograr la mejor atención, acompañamiento y protección de las víctimas de violencia de género en el marco de un proceso garantista.
Las mismas han sido compartidas con el Departamento de Justicia y Derechos Humanos en el informe que se ha trasladado al borrador de Decreto elaborado en esta materia por el Ministerio de Justicia para justificar que :
i) deben mantenerse el número de plazas judiciales existentes en las Secciones de Instrucción de Barakaldo y Vitoria-Gasteiz sin que sea factible la reducción de una de ellas en cada uno de esos partidos judiciales;
y ii) deben incrementarse las plazas previstas para las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo (pasando de una a dos), Bilbao (pasando de dos a tres), Donostia- San Sebastián (pasando de una a dos) y Vitoria-Gasteiz (pasando de una a dos).
También tenemos previsto examinar rigurosamente la posible comarcalización de las Secciones de Violencia sobre la Mujer como mejor opción para la atención y protección integral de las víctimas de violencia de género.
Para ello atenderemos a cuatro parámetros:
i) Perspectiva de Comunidad Autónoma para garantizar la igualdad de todas las mujeres víctimas de violencia machista cualquiera que sea el término municipal en el que residan;
ii) Conocimiento del número de plazas judiciales que integrarán las Secciones de Violencia sobre la Mujer para evitar que la comarcalización sea el refugio de la neutralización de las necesidades de planta judicial en esta materia;
iii) Análisis del mapa de recursos de asistencia y atención existentes tanto en la organización judicial (unidades de valoración forense integral, servicios de atención a las víctimas) como extrajudicial (centros de crisis de 24 horas, estructuras asistenciales en el ámbito sanitario y de los servicios sociales).
iv) Régimen jurídico de las guardias de estas Secciones que se perfile por el Consejo General del Poder Judicial en las modificaciones reglamentarias que tiene proyectadas.
-IV- Finalmente, también trabajaremos, de forma más pausada pero constante, en la viabilidad de configurar Secciones de Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia que permitan la mejor tutela del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. También, en seguir impulsando, de la mano del proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa para una justicia adaptada a la infancia para su desarrollo estatal y autonómico antes de 2026, la implantación del modelo Barnahus para la habilitación de espacios de atención especializada e integral para las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que, entre otros fines, permitan asegurar la máxima calidad de su testimonio como prueba preconstituida.
-IV-. Los extremos que acabo de indicar encuentran cabida en el discurso que hemos podido escuchar en este acto. Tienen un mayor desarrollo, sin duda, en el proyecto de actuación que se han presentado para obtener la merecida designación. Al mismo me remito. Queda, ni más ni menos, que dar los pasos precisos para su consecución. ¡Animo y gracias, querida Reyes!
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