Barakaldo, 23 ago 2024. El Ayuntamiento de Barakaldo, dirigido por la alcaldesa Amaia del Campo (PNV), ha actuado de nuevo incumpliendo la ley en relación al contrato del servicio de control del aparcamiento en las calles, conocido como
OTA. La gestión de los responsables municipales en esta materia ha motivado repetidas resoluciones judiciales que con coste de cientos de miles de euros para las arcas públicas.
En enero de 2022 'Barakaldo Digital' tuvo acceso a un fallo del Tribunal Superior de Justicia que obligaba a la institución local a abonar 665.000 euros más intereses y gastos a la empresa que gestiona el servicio, Dornier SA, en relación a la decisión de dar gratis a los vecinos la tarjeta para estacionar. A finales del mismo año otra sentencia condenaba a pagar 64.316,16 euros más intereses y gastos judiciales por el comportamiento "arbitrario" del Consistorio, que se negó a pagar tres facturas.
En esta ocasión, no se conoce aún la repercusión económica con cargo a los impuestos pagados por los ciudadanos, pero los jueces ordenan el "pago inmediato" a la empresa de las cantidades que resulten de la liquidación del contrato que estuvo en vigor hasta finales de 2018. El Gobierno de Del Campo se negó, por decreto, a hacerlo en noviembre de 2021, incumpliendo "su obligación" marcada por la ley.
"Lo realmente trascendente es que el contrato se extinguió el 32 de diciembre de 2018, y, pese al tiempo transcurrido y pese a la petición formulada por Dornier, el Ayuntamiento de Barakaldo no ha cumplido con su obligación", señala en su sentencia 000157/2024 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que censura la actitud del Consistorio.
"El Ayuntamiento manifiesta que no puede llevar a cabo la liquidación del contrato debido a que Dornier incumplió su obligación de disponer de una contabilidad separada []. De hecho, ese supuesto defecto no habría impedido practicar las liquidaciones anuales, sin que se hayan dado argumentos que justifiquen que lo que fue posible entonces no lo es ahora", advierte la justicia, descalificando las excusas municipales, en una sentencia que ratifica en lo esencial la dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Bilbao en julio de 2023.
