La actuación de los responsables municipales, que reconocen que no hay obligación de prohibir entrenamientos aunque ellos lo consideran "conveniente", ha provocado el enfado de las familias y entidades deportivas, que consideran arbitraria la medida porque no se ajusta a las restricciones legales o a las instrucciones sanitarias emitidas por instituciones superiores, que, de hecho, explicitan que sí están permitidas las sesiones o entrenamientos. "Estamos cansados de que siempre paguen los niños", señalan los perjudicados.