El ingeniero municipal de caminos Txema Corral, por parte del Consistorio; el especialista de la sociedad de gestión ambiental Ihobe Ignacio Quintana, por parte del Gobierno Vasco; y el ecologista Julen Rekondo, de la asociación Eki; fueron quienes participaron en aquella primera reunión, destinada a estudiar las alternativas para solucionar el vertido incontrolado del peligroso producto químico, que los barakaldeses aprendieron que se llamaba hexaclorociclohexano (HCH).
El Gobierno Vasco ya había anunciado que, como primer paso, se pondría en marcha una fábrica o planta para eliminar 4.500 toneladas de lindane "puro". Se hablaba entonces de un coste de 720 millones de pesetas (4,33 millones de euros) para una tecnología novedosa, la descomposición catalítica en medio básico (BCD), que eliminaría el peligro y convertiría el pesticida en triclorobenceno y sal común.Lo que no se conocía aún era la ubicación de esta factoría, que finalmente se colocaría, no sin polémica, en las antiguas instalaciones de la fábrica Bilbao Chemicals/Idanor/Insecticidas Cóndor, en los terrenos en donde ahora se sitúa la estación del metro de Ansio, que era la zona cero o lugar donde se había estado fabricando el pesticida y desde el que habían salido los camiones para, clandestinamente, tirar sin control este producto venenoso.
La segunda medida necesaria entonces era localizar, excavar y limpiar los vertederos incontrolados de residuos de lindane. En aquellas fechas, las instituciones estimaban que había sólo en Barakaldo 21 depósitos ilegales con más de 167.000 metros cuadrados de tierras afectadas. La propuesta era retirar el residuo y enterrarlo en lo que se llamó una "celda de seguridad", es decir, un depósito herméticamente cerrado, hasta que se descubriera una técnica para limpiar esa tierra. El presupuesto se cifró en 7,78 millones de euros (1.295 millones de pesetas).
Tampoco hace 25 años se sabía exactamente cuál podía ser el destino. Tras la controversia, el conflicto social e incluso la quema de un camión, los vertidos contaminados acabarían en una vaguada del monte Argalario, en donde siguen, dos décadas y media después, junto al que había sido hasta 1988 basurero municipal. Era una solución "temporal" y, por el momento, nadie habla de qué va a pasar cuando termine esa temporalidad.
El proceso fue tortuoso y convulso. En 1994 ya se conocía que el problema de los vertederos ilegales con lindane era amplio, pero aún no se había encendido la mecha de la preocupación ciudadana. De hecho, todavía en octubre de 1995 había una cuarentena de vecinos que seguían cultivando sus lechugas y alimentando sus animales en suelos llenos del pesticida cancerígeno, junto a la fábrica de Bilbao Chemical, en la zona de El Retiro, propiedad de Sefanitro.
El horticultor Sucesivo Refollo, que llevaba desde 1972 cultivando su huerta en el lugar, aseguraba escéptico en agosto de 1995 que las autoridades había tomado muestras en 1992 y que no habían informado sobre la existencia de peligro para la salud, en contraste con la alerta por "alto riesgo de toxicidad y carcinogenicidad" que activó posteriormente el Gobierno Vasco.
Para ese momento, Barakaldo ya llevaba 50 años sufriendo, sin saberlo, los efectos del pesticida. La empresa Insecticidas Condor/Bilbao Chemicals/Idanor había comenzado a funcionar en 1947 y fabricó el pesticida hasta que fue clausurada 40 años más tarde. El Gobierno Vasco le había obligado en 1986 a dejar de realizar vertidos incontrolados de los residuos, y un año después cesó la actividad.
El asunto no era ni es menor. Era un problema para la salud de la población de Barakaldo. El entonces alcalde, Carlos Pera, del Partido Socialista, llegó a decir, en conversación informal y confidencial, que era mejor que los vecinos no conocieran los datos sanitarios. El diario 'El País' ya había publicado en 1991 un reportaje titulado 'Barakaldo. ¿Un lugar para morir?', con frases como "no existe conglomerado urbano en el Estado con mayor proporción de enfermedades pulmonares". Mencionaba además las drogas —el 'caballo' o heroína—, el paro juvenil, la falta de vivienda digna, la delincuencia y la contaminación.
El caso es que, aunque Rontealde y Plastificantes de Lutxana, entre otras, seguían funcionando y dando de vez en cuando sustos por sus escapes contaminantes, la fábrica de lindane ya estaba cerrada en la década de los noventa pero sus residuos seguían y afectaban a la salud, pero también a la economía.
Aunque se haya olvidado, para construir el centro comercial Max Center hubo primero que quitar las tierras contaminadas con lindane, lo mismo que ocurrió en Megapark y la nueva barriada de las Torres de San Vicente, con sus rascacielos edificados en los aparentemente verdes terrenos de San Bartolomé en donde, en realidad, se habían vertido ilegalmente residuos del pesticida. También había lindane en Ansio, en la zona de la feria de muestras BEC!, en los solares de las ahora viviendas de Azkue, en El Regato, en Gorostiza…
El 22 de noviembre de 2002 se dio oficialmente por cerrado el capítulo de la contaminación por lindane. Ese viernes, el Gobierno Vasco inauguró el depósito de seguridad para tierras con lindane. Al final los números, en toneladas y en dinero, estaban muy por encima de lo que se había previsto y anunciado.
Aquel día se dijo que habían sido 412.000 metros cúbicos de residuos enterrados "temporalmente" en el Argalario mientras y en la planta de tratamiento en Ansio se habían procesado 3.200 toneladas de lindane (HCH) puro. El coste conjunto, incluida una celda de seguridad en Loiu: 51,5 millones de euros: 8.569 millones de pesetas.
En el acto protocolario no faltaron datos: en la construcción de la celda habían trabajado alrededor de 200 personas, se habían ejecutado movimientos de rocas y tierra de más de 270.000 metros cuadrados y se había efectuado 29.500 viajes de camiones equipados con contenedores especiales. La Unión europea había financiado el 80% de los costes a través de los Fondos de Cohesión.
Sin embargo, el capítulo del lindane no estaba cerrado. En 2003, la Diputación admitía la existencia de 1.300 metros cúbicos de tierras contaminadas con el pesticida cerca de la estación de Metro Bilbao en Ansio, en la zona donde se construían los accesos a la autopista, bautizados como intercambiador de Cruces. Y en las obras de Megapark se sacaban residuos por un puente a la altura de Aparcabisa.
El Ayuntamiento ya había dado por liquidado el asunto del lindane, mientras los vecinos denunciaban que ya no se convocaban reuniones de la comisión de seguimiento sobre el problema, cuando, cinco años después, en julio de 2008, aparecía lindane en las aguas de las que bebían los vecinos de Barakaldo, del embalse de Oiola.
Entonces se abrió una nueva polémica. El uso de este pantano para uso humano se cerró temporalmente, pero dos años y medio después se volvieron a utilizar, lo que desataba la protesta ecologista y vecinal. El Ayuntamiento se había resistido a cortar este suministro, entre otros motivos porque suponía un ahorro de 65.000 euros al mes y llegó a publicar un bando asegurando que era el agua era 100% "segura". Pero en 2014 se desconectó definitivamente.
Hasta ahora, sigue sin conocerse el origen de la contaminación de este embalse. A punto de cumplirse 75 años después de que comenzara la fabricación en Barakaldo de este pesticida prohibido, tóxico y cancerígeno, el expediente sigue abierto.
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> 11/03/2017. Lindane, herencia maldita
