La medida, forzada por una sentencia del Tribunal Constitucional, también afecta a la estación de Lutxana, pero en este caso la titularidad es compartida por los dos Gobiernos y será regulada por un convenio.
Euskadi tiene a partir de ahora la responsabilidad de "la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección" de los servicios ferroviarios, "y, en particular, las funciones relativas a la gestión de la seguridad en la circulación ferroviaria".
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