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El PSE acusa al PNV de disparar de manera ilegal el gasto de correo para autobombo

La alcaldesa, durante las fiestas
La alcaldesa sólo podía legalmente aumentar un 10% el importe del servicio postal pero lo ha subido un 55%
El Partido Socialista (PSE) ha denunciado que el equipo de Gobierno (PNV) del Ayuntamiento de Barakaldo ha incrementado de manera "irregular" en 165.600 euros el gasto en correo con el fin de "hacerse publicidad". La actuación, cuyo incumplimiento de la ley ha sido advertida por los máximos responsables técnicos del Consistorio, "coincide" con el "envío masivo" de cartas "con información manipulada e incluso falsa" para el "autobombo" de la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV).

En concreto, las oleadas de misivas corresponden a "hacer publicidad de las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler y los gastos de formación", cuya aprobación fue iniciativa de la oposición. Los socialistas dicen que es la "última triquiñuela" de la mandataria de "usar las cartas como una forma encubierta de hacerse publicidad". Esta actuación propagandística se une al gasto en redes sociales, la revista del Ayuntamiento y el uso de bandos de alcaldía.

El contrato de envíos postales contaba originalmente con 300.000 euros y se establecía un posible aumento que no podía superar el 10% de este presupuesto. Sin embargo, por decreto, la alcaldesa, el 22 de diciembre de 2017, aumentó el gasto en 90.500 euros y, el 20 de junio de 2018, volvió a aumentar el capítulo en 75.000 euros. De esta manera el alza es del 55%. Los informes técnicos señalan que es una actuación "contraria a derecho".


Nota de prensa del PSE
La alcaldesa de Barakaldo aumenta en 165.600 euros el gasto en servicios postales de manera irregular

  • El PSE-EE advierte de que Amaia del Campo (PNV) está usando las cartas a los vecinos/as para hacer publicidad
  • El secretario general, el interventor y la jefatura de Contratación ponen de relieve en sus informes que la alcaldesa ha superado en un 45% el límite legal para gastar en cartas


Nueva irregularidad en la gestión de la alcaldesa de Barakaldo. Amaia del Campo (PNV) ha aumentado de manera irregular en 165.600 euros el contrato de servicios postales del Ayuntamiento, tal y como han puesto de manifiesto tres informes técnicos del secretario general, el interventor y la jefatura de Contratación. Y es que la alcaldesa ha superado en un 45% el límite legal para gastar en correspondencia.

Este gasto ha coincidido con el envío masivo de cartas a vecinos y vecinas para hacer publicidad de las ayudas a los jóvenes para pagar el alquiler y los gastos de formación, puestas en marcha gracias a sendas enmiendas del PSE-EE al presupuesto municipal.

Las misivas, firmadas por la propia alcaldesa, han sido remitidas a todos los barakaldeses y barakaldesas de entre 18 y 35 años. “Amaia del Campo es toda una experta en malgastar dinero público para ‘autobombo’. Su última triquiñuela es usar las cartas como una forma encubierta de hacerse publicidad con información manipulada e incluso falsa, algo que también está haciendo con la revista y la web municipales, con los bandos o los perfiles oficiales del Ayuntamiento las redes sociales”, ha denunciado el concejal del PSE-EE Carlos Fernández.

Cabe recordar que el PNV mantiene además un contrato de más de 240.000 euros para insertar publicidad en los medios de comunicación y que se gasta otros miles de euros en folletos, carteles, publirreportajes, etc.


DOS AUMENTOS CONSECUTIVOS

El incremento irregular del contrato de servicios postales se ha realizado por decreto dos veces, hasta sumar 165.500 euros. La primera resolución es del 22 de diciembre de 2017 y aumenta el gasto en 90.500 euros. El segundo documento es del pasado 20 de junio y hace crecer el gasto en otros 75.000 euros.

El presupuesto para el contrato de servicios postales era de 300.000 euros y solo se podía incrementar en un 10%, según recogen los pliegos de condiciones. Sin embargo, el aumento alcanza ya el 55% del total; es decir, un 45% más de lo permitido legalmente.

Este aumento del gasto en cartas, según explican los técnicos municipales, “es contrario a derecho” y vulnera los principios de “legalidad, objetividad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad recogidos en los artículos 9 y 103 de la Constitución.