publicidad

La izquierda 'abertzale' alerta de que las viviendas protegidas de Sefanitro pueden ser inviables económicamente

Los cooperativistas de las VPO tendrán que adelantar al menos 1,3 millones para la urbanización de la zona El coste por cooperativista aumentará si, como prevén los 'abertzales' el Tribunal Supremo confirma que es ilegal destinar 92.000 metros cuadrados a equipamientos privados
El proyecto para construir 700 viviendas de protección oficial (VPO) en Sefanitro puede verse frustrado. La advertencia la realiza la izquierda 'abertzale' de Barakaldo, que ha alertado de que el plan puede quedar en la nada debido a los altos costes de urbanización, 6,95 millones de euros, que provocarían que "esta operación no fuera rentable", como obliga la ley. Este escenario es sugerido por un informe municipal que indica que para evitar esta situación es imprescindible que se cumpla un compromiso que supuestamente han asumido BBK y La Caixa por el que asumirán 5,63 millones de euros de los costes. La izquierda 'abertzale' dice que son necesarias "aclaraciones urgentes" porque el documento de acuerdo "no aparece" y "está claro que ambas entidades de ahorro no van a regalar tan importante suma de dinero".

Archivo |
> Gobierno Vasco y Ayuntamiento conceden permiso para descontaminar los suelos de Sefanitro
> El PP dice que los plazos previstos por alcaldía retrasan a julio de 2013 el inicio de los pisos protegidos en Sefanitro



Nota de prensa de la izquierda 'abertzale'

La enorme afección de ambos proyectos para el municipio de Barakaldo hace del todo necesario facilitar la mayor participación ciudadana posible en torno a los mismos, sobre todo cuando, como es el caso del PERI 06 SEFANITRO, su viabilidad está pendiente de decisiones judiciales y están afectadas las personas adjudicatarias de 600 viviendas protegidas (VPO).

Lejos de favorecer dicha participación, el Equipo de Gobierno ha publicado en el BOB el día 2 de agosto el plazo de 20 días para examinar y, llegado el caso, presentar alegaciones a los proyectos “Fijación del sistema de actuación del Proyecto de Urbanización de la UE21 PARQUE SERRALTA” y “Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito PERI 06 SEFANITRO”. Esta actuación persigue, precisamente, evitar que ambos proyectos puedan ser examinados detenidamente por los colectivos vecinales interesados, las propias personas adjudicatarias de las VPO, y vecinos y vecinas en general, pues el citado mes es, en la práctica, un período vacacional , lo que impide que dichos proyectos puedan ser informados por las asesorías pertinentes. Hay que recordar que ambas proyectos son notablemente complejos en su contenido y, por lo tanto, necesitan su tiempo y el concurso de especialistas en la materia.

Ante esta situación, desde la Izquierda Abertzale solicitamos al Alcalde la ampliación de los plazos. Nos consta que esta demanda también ha sido cursada por diferentes asociaciones vecinales. A fecha de hoy, no se ha recibido respuesta positiva del máximo edil. En cualquier caso, ya le hemos advertido de que no renunciamos a interponer los recursos pertinentes, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse: retrasos, modificaciones de los proyectos, etc.

En relación con los citados proyectos, y a falta de un análisis pormenorizado de los mismos, podemos adelantar algunas cuestiones.

PERI 06 SEFANITRO
El Programa de Actuación Urbanizadora, presentado por los propietarios del ámbito, prevé unos costes de urbanización en torno a los 45 millones de euros y 2 unidades de ejecución autónomas: La UE 1, correspondiente a las VPO, y la UE2, correspondiente al sector de vivienda libre y equipamientos privados. Así mismo, se plantean dos sistemas de actuación: Concertación para la UE2, donde la iniciativa de la ejecución de la urbanización corre a cargo de la propiedad, y Cooperación para la UE1, correspondiendo la iniciativa al Ayuntamiento.

En esta cuestión ya surgen las primeras dudas. Habrá que ver si es posible conciliar ambas sistemas de actuación, con un único Proyecto de Urbanización o, por el contrario, deberían presentarse dos Proyectos de Urbanización, dado que en el de Concertación, la propiedad elige a la empresa constructora y en el de Cooperación, es el Ayuntamiento quien decide; ambas decisiones a adoptar con procedimientos adjudicatarios diferentes.

En cualquier caso, si para el Equipo de Gobierno del PSOE, así como para el PNV y PP, este proyecto urbanístico es del máximo interés para el municipio, no se entiende que, en su mayor parte, se deje a la voluntad de la iniciativa privada (Concertación) y, sin embargo, como no se fían de ésta, se recurra a la intervención municipal (Cooperación) para la urbanización de las parcelas correspondientes a las VPO. ¿Por qué no plantean este último sistema para todo el ámbito?

El coste de las obras de urbanización de la UE1 se estima en torno a los 7 millones de euros. En los informes técnicos municipales se alude a la gran incidencia que el mismo tendría para las personas adjudicatarias de VPO , por lo que se cita un supuesto acuerdo entre los propietarios que establece que BBK y La Caixa (que no disponen de propiedad alguna en esta unidad)contribuirán con 5.630.000 euros, “a través de los mecanismos compensatorios pactados”. Pero en el expediente no aparece documento alguno que justifique este supuesto acuerdo, ni, mucho menos, cuáles son esos “mecanismos compensatorios”. Está claro que ambas entidades de ahorro no van a regalar tan importante suma de dinero, por lo que se hace del todo necesario que las personas adjudicatarias exijan una aclaración urgente del asunto, no vaya a ser se encuentren con “sorpresas desagradables”. Además, se puede desprender del citado informe municipal que, de no darse esta intervención de dichas entidades, ante el tamaño de dichas cargas de urbanización para las VPO, esta operación no pueda ser rentable. Y la legislación establece la exigencia de la rentabilidad económica en los proyectos constructivos de viviendas.

Pero aún hay un asunto más importante. Como es público, en marzo de 2009 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, declaró ilegal destinar 92.000 m2 a equipamientos privados. Esta sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo, entre otros, por el Ayuntamiento. Pero si este Tribunal ratifica dicha sentencia, una serie de parcelas pasarán a ser propiedad municipal, de manera gratuita y libre de cargas de urbanización, lo que elevará la aportación de los propietarios (VPO incluidas) en los costes de urbanización.

En relación con estas parcelas que pueden ser propiedad municipal, queremos destacar la actuación del Equipo de Gobierno del PSOE, así como del PNV y PP que les apoyan en este asunto. Dichas parcelas están situadas en las mejores zonas y no se entiende que pudiendo ser propiedad municipal, de manera gratuita, dichos grupos apoyen recurrir dicha sentencia, cuando debiera aplaudirla. Esto es inaudito. Aquí se refleja, de manera nítida, que estos grupos políticos actúan favoreciendo la iniciativa privada y la especulación.

Como se ha indicado, con el sistema de Cooperación, es el Ayuntamiento el encargado de ejecutar las obras de urbanización. Pero, para ello, debe girar las correspondientes cuotas a los propietarios (VPO), para efectuar los pagos correspondientes. Llegados a este punto y enlazándolo con lo anteriormente expuesto, ¿está el Ayuntamiento en disposición de conocer, a día de hoy, la cuantía de las cuotas a girar? ¿Se ha informado a las personas adjudicatarias de VPO del coste que tendrán que asumir cada una de ellas?.

Así mismo, dudamos mucho que los actuales propietarios mayoritarios ( BBK y La Caixa) hayan manifestado, rotundamente, su interés en ejecutar el proyecto urbanístico “Puerta Bilbao”. Más bien al contrario, en su momento declararon que, en caso de que el Supremo ratificara la sentencia de marzo de 2009, tal operación podría no serles rentables. Y si esto es así, ¿qué interés tienen en ejecutar una proyecto de urbanización superior a los 45 millones de euros?. ¿ Qué sucede si, como en el caso de Parque Serralta, ambas entidades incumplen sus obligaciones, retrasando las obras? ¿Se quedarían parte de las VPO situadas en un descampado? En este supuesto, ¿establecerá, el Ayuntamiento el sistema de Cooperación? ¿Por qué no lo hace ahora y despeja esta incertidumbre? Esperamos respuesta.

Conviene recordar, por último, que de boca del propio Sr. Alcalde, se han sucedido declaraciones y promesas incumplidas en torno a este proyecto. ¿Asistimos a otra más?


PARQUE SERRALTA

En primer lugar, denunciamos la actitud obstruccionista del Alcalde y su Equipo de Gobierno, al negarnos copia de importantes documentos del proyecto de urbanización aprobado en febrero de este año y que son imprescindibles para conocer los antecedentes de lo ahora decidido por el Ayuntamiento. De tal manera que, en el Decreto de Alcaldía en que se anuncia la publicación del plazo para su examen y alegaciones, se recoge, literalmente, “ASUNTO: Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución UE21 Parque Serralta. Resolución de alegaciones”. Pues bien, entre otras, nos han negado copia de estas alegaciones, así como de los informes técnicos municipales contestando a las mismas. Mal empezamos.

De acuerdo con declaraciones del Sr. Alcalde, el Ayuntamiento de ha visto obligado a intervenir, debido al nulo interés de los propietarios actuales en ejecutar otro de sus proyectos “estrella”, ese que, rimbombantemente, Tontxu Rodríguez ha bautizado como el “Central Park” de Barakaldo. Del anterior sistema de Concertación, por Decreto ha decidido pasarlo a Cooperación, para permitir el liderazgo municipal en este proyecto y no dejarlo al albur de intereses privados.

Con esta actitud, el Alcalde y su Equipo de Gobierno, pretenden dar la impresión de liderar un proyecto beneficioso para el municipio, “sacando pecho” ante las entidades bancarias propietarias de la mayoría de los terrenos, que sólo piensan en obtener las mayores plusvalías.

Nada más lejos de la realidad. Esta actitud obstaculizara que, ahora, denuncia públicamente el Alcalde, no es una novedad. En octubre de 2008, González Suances, en calidad de concejal responsable de urbanismo, remitió un carta a Vizcaína de Edificaciones (en aquél momento, único propietario y, en la actualidad, de varias parcelas), comunicándole que los retrasos “empiezan a resultar inadmisibles”, instándole a presentar un proyecto de urbanización que recogiera las incorporaciones señaladas por los técnicos municipales. Ni una palabra de esto a los medios de comunicación. Al contrario, en diciembre de ese año, el director del Area de Urbanismo, Pedro Jáuregui (nombrado por el Alcalde, en calidad de cargo de su confianza), anunciaba que las obras comenzarían en 2009. Sin embargo, en abril de 2009, un informe técnico municipal constataba la “insuficiencia” de la documentación presentada y elevaba el presupuesto inicial ( unos 10 millones de euros) a cerca de 20 millones. Dichas deficiencias nunca fueron subsanadas y es en febrero de 2010 cuando se aprobó inicialmente dicho proyecto de urbanización. Por tanto, ¿en qué se basó el Sr. Jáuregui, como portavoz del Equipo de Gobierno en este caso, para afirmar que en 2009 se iniciarían las obras, si ni siquiera estaba presentado el proyecto de urbanización con las deficiencias subsanadas? ¿Por qué no denunciaron, en octubre de 2008, la actitud de Vizcaína de Edificaciones? ¿Por qué no se utilizó, entonces, el sistema de Cooperación, tal cual ahora se pretende?

En relación con la tramitación seguida para aprobar el cambio de sistema de actuación, tenemos serias dudas de que se ha gestionado correctamente, respetando el procedimiento legal al efecto, pues en el Decreto de Alcaldía en que se aprueba, nada se dice del sistema que se fija en sustitución del anterior. Más aún, como se ha indicado, en este Decreto de habla del Proyecto de Urbanización y de la resolución de alegaciones al mismo. Así mismo, los informes técnicos municipales contestando a las alegaciones están fechados el 22 de junio de 2010, por lo que caben dudas razonables sobre los plazos señalados en la ley para motivar un incumplimiento de las obligaciones de los propietarios y posibilitar un cambio de sistema de actuación.

Así mismo, se ha de señalar que, en la actualidad, los propietarios de los terrenos son varios. Que uno de estos propietarios, Vizcaína de Edificaciones, de manera unilateral, comunicó al Ayuntamiento su decisión de urbanizar un parque de unas determinadas características que, al parecer, los propietarios actuales no están dispuestos a asumir. ¿Cómo piensan, Tontxu Rodríguez y González Suances, obligar a los nuevos propietarios a que cumplan un compromiso de alguien ajeno a los mismos?

Por otra parte, ¿cómo piensan obligar a estos nuevos propietarios a que asuman unos costes de urbanización que doblan lo inicialmente previsto? ¿Qué sucederá si, en el caso más que probable, estos recurren el citado Decreto, pidiendo su anulación y suspensión cautelar? ¿Cuántos años pueden durar estos litigios? El Alcalde ha declarado que en 2011 pueden empezar las obras de urbanización. ¿Con el dinero de quién piensa pagarlo, si se recurre y se paraliza el cobro a los particulares? No olvidemos que, mediante el sistema de Cooperación, previamente al inicio de las obras de urbanización el Ayuntamiento debe girar las cuotas correspondientes a los propietarios y generar los ingresos necesarios para hacer frente a las mismas.


Mediante este comunicado, hemos pretendido mostrar dudas más que razonables sobre la situación de ambos proyectos. La actitud del Alcalde y su Equipo de Gobierno sólo puede empeorar las cosas, pues creemos, a la vista de los acontecimientos, que habrá recursos judiciales, con imprevisibles consecuencias. Se precisa un amplio y profundo debate en el seno de la corporación y con los diferentes agentes interesados en los mismos, que, salvaguardándolos de posibles pleitos judiciales, desbloqueen la situación, pero no para favorecer intereses especulativos, sino para poner al servicio de la comunidad unos terrenos estratégicos en el municipio. En este sentido, reiteramos la expropiación como medio legal y posible para que dichos terrenos pasen a propiedad pública. Y , en el caso de Sefanitro, acordar las fórmulas precisas para solucionar la problemática de las VPO adjudicadas.



Txiki Castaños. Concejal de la Izquierda Abertzale en el Ayuntamiento de Barakaldo