Hemos visto cómo este débil Gobierno de Coalición PSOE + Sumar está utilizando los decretos ómnibus, para eliminar o reducir el debate en el Congreso y para desgastar políticamente tanto a sus socios de investidura como a sus opositores directos.
En estos decretos ómnibus, introduce y mezcla medidas sociales favorables a la clase trabajadora con otras que son recortes descarados (recordemos el intento anterior de recortar las cotizaciones a los trabajadores mayores de 52 años, en situación de desempleo y cobrando el subsidio), y otras veces como en el caso reciente de la revalorización de las pensiones, confirmar como nos colaron en un decreto ley aparte medidas muy perjudiciales para los trabajadores o para la sociedad en general como son la prolongación de la edad de jubilación hasta los 72 años, de manera “voluntaria” según dicen, o para eliminar los impuestos a las compañías energéticas, las cuales se están forrando con beneficios milmillonarios cuando los precios de la energía para los consumidores se duplican año tras año.
Lo último que al parecer se va a llevar al Congreso, previa deliberación del Consejo de Ministros, es la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales. Esta medida nos parece positiva, pero habrá que ver el resultado en la Cámara, y si el Gobierno lo ha consensuado previamente con sus apoyos habituales.
Creemos que hay suficientes medidas y reivindicaciones pendientes de pensionistas y otros colectivos sociales como para andar dando una de cal y otra de arena.
Una reivindicación en la que trabajadores y pensionistas estamos de acuerdo es la de volver a tener una edad oficial de jubilación a los 65 años, y en las condiciones anteriores a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, que introdujo entre 2013 y 2027 un aumento progresivo de la edad de jubilación de los 65 años a los 67. Como dato significativo cabe destacar que en Francia la pretensión de alargar la edad de jubilación de 62 a 64 años supuso una lucha conjunta de sindicatos y trabajadores que provocó la caída de dos gobiernos y van a por el tercero.
En España, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, participes del Diálogo Social, reciben este año 32 millones de euros del Ministerio de Trabajo, para que dejen las cosas como están, para que no metan ruido y para que apoyen al Gobierno en aquellas medidas que mediática y socialmente sean positivas para los colectivos con mayor cuantía de votos.
- Pensión Mínima = Salario Mínimo Interprofesional (SMI)
- Revalorización lineal de las pensiones
- Blindaje constitucional de las pensiones
- Aumentar las cotizaciones de las rentas más altas
- Suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias
- Anular los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados y EPSV.
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