Hoy hemos continuado con la recogida de firmas en contra de la implantación de los Planes Privados de Empresa (EPSV) a través de los convenios colectivos
Os esperamos el próximo miércoles a las 12:00 en la Herriko Plaza
Dice el Presidente Sánchez, en el prólogo del documento “España 2050, Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo”, que “España es uno de los países más desarrollados del mundo…” y que “quienes tenemos el privilegio de habitar en él, gozamos de vidas satisfactorias y muy longevas”. Por lo que a nosotros respecta, pensionistas de la Plataforma de Pensionistas de Barakaldo, podemos aceptar lo de “vidas longevas”, pero por supuesto no lo de “vidas satisfactorias”. Llevamos más de tres años reclamando que la pensión mínima se equipare al Salario Mínimo Interprofesional y denunciando que nuestras pensiones pierden poder adquisitivo, y que cada vez es más difícil acceder a una pensión digna.
Por otro lado y desde diversas instancias, también desde el Gobierno, se plantea insistentemente que los y las trabajadoras deberían hacerse un plan de pensiones privado si no quieren verse en la miseria en un futuro no muy lejano, dejando entrever su nula preocupación porque el actual Sistema Público de Pensiones pueda seguir siendo viable.
También denunciamos, en cuanto a la dependencia de las personas mayores, que sigue faltando la necesaria financiación que asegure una atención digna y suficiente.
Por primera vez, es cierto que desde un gobierno español, se plantea la necesidad de alcanzar a los países de nuestro entorno, en cuanto a recaudación de impuestos se refiere. Pero el camino a recorrer está poco definido y los plazos que el Gobierno propone son extremadamente lentos.
En 2019, antes de la gran recesión ocasionada por la pandemia, la recaudación fiscal en España se situaba ligeramente por encima del 35% del Producto Interior Bruto, la riqueza que el país produce en un año.
La pretensión del Gobierno es ir aumentando la recaudación lentamente hasta el 37% en 2030, el 40% en 2040 y el 43% en 2050, año en el que se alcanzaría el porcentaje medio que hoy acreditan las ocho economías más avanzadas de la Unión Europea.
El que se pueda alcanzar ese objetivo parecerá más o menos ambicioso, y en todo caso será discutible, pero lo que no es de recibo es la parsimonia con que el Gobierno se plantea afrontar las inmediatas necesidades de financiación. Aún tenemos enormes déficits en educación y sanidad públicas (unos 20.000 millones) y en Seguridad Social.
Recordemos que la Administración General del Estado ha dado en 2020 un préstamo de 14.000 millones de euros a la Seguridad Social para el pago de las pensiones, cuando la deuda del Estado con esta Institución por el vaciado de su Caja ronda los 500.000 millones.
El debate sobre si bajar o subir impuestos es de derechas o de izquierdas es falso.
Los impuestos deben responder a las necesidades que la economía del país presente en cada momento. Lo que no es falsa es la manera en que se distribuyen los ingresos de la Hacienda Pública: ahí sí está la diferencia. No es lo mismo proteger los servicios públicos con el dinero de todos que procurar con ese dinero, su privatización, convirtiéndolos en un sustancioso negocio para unos pocos.
¿Cuánto piensa recaudar el Gobierno en las próximas décadas? ¿Cuánto de esos ingresos va a dedicar a financiar los servicios públicos deficitarios? ¿Cuánto a equilibrar las cuentas de la Seguridad Social? ¿No será más lógico abordar primero la reforma fiscal, para saber con qué margen se cuenta para abordar las otras reformas pendientes, la laboral y la de las pensiones, aún saltándose el orden en la negociación propuesto por la Unión Europea?
Está claro que este Gobierno, en el tema de las pensiones, se plantea, de cualquier forma, rebajar el gasto, a costa de lo que sea, a costa de que millones de personas vivan en la miseria.
Uno es de izquierdas o progresista si hace políticas progresistas o de izquierdas.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN