"Era un sinvivir", exclama Sheida, junto a su marido Eugenio, tras recibir el cheque con el que este matrimonio ha recuperado el dinero que, desde hace nueve años y medio, tenían bloqueado por la operación inmobiliaria de Sefanitro, que les prometió un piso de protección oficial que nunca llegó a hacerse realidad. En total, 28 son las familias que se han beneficiado de la sentencia que el juzgado de Barakaldo ha dictado a su favor en el caso de la cooperativa de viviendas Mialeste. Todos depositaron alrededor de 30.000 euros de entrada para el piso. Les dijeron que en unos cinco años podrían estar viviendo en ellos y la promesa se incumplió. Ante esta situación, esta treintena de afectados decidió abandonar la cooperativa pero no les devolvieron el dinero adelantado. Miraleste alegaba que no podía hacerlo hasta que entrara otra familia para ocupar su lugar. Hace un año descubrieron que había una solución: demandar al banco donde se había depositado sus 30.000 euros. Una de las perjudicadas, Roxana Nieto, se puso al frente y logró reunirles. La entidad financiera no había exigido a la cooperativa que contratara un seguro que garantizase las cantidades y ahora la justicia ha decidido que, como responsable por ello, el banco tiene que devolver la inversión inicial. El despacho madrileño de abogados Majavilán ha llevado la causa y estas 28 son las primeras que recuperan su dinero en el caso de las cooperativas de Sefanitro, pero quedan otras 400 en 10 procesos legales de este mismo bufete, además de otras demandas de otros abogados. Los felices beneficiados han obtenido entre 34.000 y 42.000 euros, dependiendo de cuándo se apuntaron a la cooperativa, ya que además de los 30.000 euros iniciales el banco les ha tenido que pagar intereses legales y también tendrá que desembolsar costas judiciales. Los abogados han recomendado a las familias prudencia con el dinero. La Caixa ha presentado recurso y se espera que en menos un mes se confirme que las familias han ganado, como ha sucedido en decenas de casos similares y como el Tribunal Supremo les ha dado también la razón en tres ocasiones. Además de estas 28 familias de Miralsur en Barakaldo, también han salido sentencias favorables en primera instancia en otras demandas de Mirasur y Miraloeste que se han presentado en Madrid. Así mismo, hay demandas por situaciones parecidas en promociones de Portugalete como El Peñón y Sopeleku.
En un piso de alquiler mientras esperaban la construcción de su casa, hubo un momento en que tenían que pagar 500 euros mensuales por el préstamos y otros 800 por la vivienda en renta. Afortunadamente —relatan— los dos tenían trabajo y pudieron superar ese momento, también con la ayuda de la familia, lo que les ha permitido finalmente tener piso en propiedad: uno "viejo" y barato. Estos nueve años han tenido además momentos angustiosos, como cuando la promotora original se declaró en suspensión de pagos —"desapareció"— y pensaron que ya no recuperarían el dinero de la entrada.
El matrimonio, feliz, se une al aplauso cuando los abogados llaman a Roxana Nieto para que también ella reciba el cheque. El grupo agradece los esfuerzos que ha realizado la joven para conseguir esta escena que se vive emocionadamente en una sala de la casa de cultura de Cruces.
Un amigo que había pasado por el mismo caso y veía que la situación empeoraba le advirtió "no te metas", pero Nieto se decidió en 2010 a participar en la cooperativa Miraleste. Cuenta que su objetivo era independizarse. Siete años después, con el rocambolesco episodio vivido en las promociones de Lutxana, ella sigue en casa de su madre.
Explica que cuando, hace un año, se puso sobre la mesa la posibilidad de demandar y solicitaron un portavoz de los afectados de Miraleste, ella dio el paso adelante. La empresa que hasta entonces gestionaba la cooperativa, Gescovi, no le ayudó en su misión de contactar con las familias que habían dejado el proyecto sin poder llevarse su dinero. Con un acta de una asamblea de cooperativistas, tiró de teléfono y de redes sociales para localizar e informar a los damnificados, y de este modo se formó el grupo para las acciones legales.
Paradójicamente, Roxana Nieto no necesitaba en realidad pasar por este proceso. Estaba en el número 2 en la lista de espera para recuperar la entrada y tenía garantizado que le devolverían los 30.000 euros. Efectivamente, la cooperativa le ofreció el cheque, pero decidió rechazarlo porque el procedimiento legal ya estaba en marcha y podía perjudicar a sus compañeros. "Me parecía una injusticia la situación, todos somos jóvenes y parejas, todos somos currelas", explica.
Tras la recepción de los cheques, los abrazos se repiten. "Hay que quedar para una cena", se dicen unos a otros, desconocidos hasta hace poco y ahora unidos por un mismo destino, con final feliz. Apagadas las luces de la sala, todavía se escuchan las voces alegres mientras disfrutan de una cerveza, con sus cheques bien guardados en las carteras.
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