La concejala de Acción Social, Amaya Rojas (PSE), lo ha reconocido ante los representantes de la oposición. No es cierto lo que afirmó el lunes: no hay 507 casos de fraude entre los solicitantes de ayudas sociales. Los intentos de engaño a los servicios sociales han sido de 3 ó 4 personas. Las 500 restantes no trataron de estafar a las asistentes sociales, simplemente no reunían los requisitos y, en consecuencia, se les ha denegado el subsidio que pedían. La edil socialista se ha visto obligada a admitir esta situación ante la interpelación del resto de formaciones políticas, que han exigido explicaciones por la denuncia pública realizada por Rojas. Al final, el escándalo de fraude ha quedado en nada, nada más que un titular en los diarios el mismo día que la plataforma contra la exclusión social
Berri-Otxoak denunciaba —como después admitió el PSE— que el 73% de los solicitantes —1.530 personas— aún no han cobrado las ayudas de este año.
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