Lejos de caer en el olvido, el problema del lindane recobra actualidad con el tiempo. Y la gestión del pesticida que durante años asumió el Gobierno vasco puede derivar en responsabilidades penales. Así lo advierte el Juzgado de Instrucción número 1 de Barakaldo en su último auto sobre la querella criminal, interpuesta por la asociación ecologista Lur Maitea contra el almacén «clandestino» que durante siete años acumuló 6.000 metros cúbicos del residuo en un pabellón de Babcock Wilcox, en Sestao.
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