Esas campañas, dirigidas a que futuros pensionistas, en particular la juventud, teman que al llegar a la edad de jubilación no van a tener una pensión digna, las mueven economistas encargados de desprestigiar el sistema público con datos falsos o tendenciosos. La realidad es otra: sus productos financieros pierden valor y pueden quebrar, mientras que las pensiones públicas tienen el respaldo del estado.
La campaña más reciente la impulsa el Instituto de Actuarios Españoles (IAE), con el apoyo de la prensa económica. Su planteamiento es: las pensiones son demasiado generosas, están sobrevaloradas, se cobra un 62% por encima de lo cotizado. Vamos a entrar en su juego, respondiendo con una noticia publicada por El Economista en octubre del 2022. Dice así: Un accionista que invirtió en acciones de Iberdrola hace 20 años, incluyendo la reinversión de dividendos, obtiene un 700% de rentabilidad. Si ese mismo cálculo se realiza para la última década, un inversor que hubiera comprado títulos de Iberdrola en octubre de 2011, habría logrado una rentabilidad del 255%. Habrá quien diga que esas cifras no son equiparables. Claro, las acciones hasta se pueden heredar, mientras que las pensiones son personales e intransferibles.
No es casual ese obsesivo empeño en negar a la clase trabajadora el derecho a tener una pensión digna tras 40 o más años cotizando, mientras los descarados beneficios de los accionistas de las grandes empresas les parecen justificados y hasta escasos. Hay otro asunto en el que tampoco entran quienes combaten las pensiones públicas. Se trata de los autónomos, que cotizan lo menos posible, invirtiendo sus beneficios en especular en el mercado inmobiliario. Se llega al extremo de que asalariados del comercio y pequeñas empresas coticen más que los dueños. Se lamentan de que sus pensiones son bajas, mientras acumulan un gran patrimonio en acciones o viviendas.
Volviendo a la pretendida sobrevaloración de las pensiones públicas, según el citado Instituto de Actuarios Españoles, jubilados de 70 años con 33 años de trabajo, cobran 2,19 euros por cada euro cotizado. Aunque así fuese, la pensión se calcula en base a la cotización. El método es correcto y válido, aunque falla por el lado contrario al que señalan los economistas al servicio de las aseguradoras y la banca. Las pensiones más elevadas son justas, las bajas todo lo contrario. Más de la mitad de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional. Un tercio de las pensiones no llegan al umbral de la pobreza. Las pensiones son, junto a la sanidad, la enseñanza, la vivienda y ahora el desvío de recursos sociales para aumentar el gasto militar, los mayores problemas del país. Tal es la prioridad que toca resolver el garantizar la solvencia y sostenibilidad de las pensiones públicas. Por eso mantenemos la lucha desde hace más de siete años.
