Berri-Otxoak se concentra ante el Ayuntamiento por el "recorte" municipal en el acceso a ayudas sociales

Comunicado de la plataforma contra la pobreza Berri-Otxoak. Activistas de la plataforma Berri-Otxoak se han concentrado ante el edificio consistorial de Barakaldo para denunciar que el equipo de gobierno de Barakaldo ha decidido recortar, un año más, el acceso a las ayudas económicas municipales. Prestaciones que solicitan 3.000 familias barakaldesas.

El área de Acción Social aprobó en el mes de junio el Decreto que regula el acceso a las ayudas económicas municipales para este año. En pleno verano decidió autorizar y ratificar el Decreto municipal que contempla recortes ya denunciados por el Defensor del Pueblo, endurecer los requisitos de acceso y reducir las cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

La plataforma barakaldesa contra la pobreza afirma que estas decisiones políticas no son producto de la casualidad: “la falta de un presupuesto suficiente conlleva recortes a las cuantías, su acceso y que queden desatendidas familias necesitadas de ayuda”, denuncian.

Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, y hay un alarmante aumento de la inflación, el equipo de gobierno decide no ampliar los servicios sociales municipales. Además de recortar el acceso a los recursos de urgencia. 

Cuando se incrementan las dificultades de las familias barakaldesas para atender sus necesidades más básicas -como vivienda o alimentación- el gobierno local recorta cuantías, dificulta el acceso a las ayudas económicas, no amplia los servicios sociales municipales o carece de recursos de urgencia. 

En concreto, los recortes a las familias barakaldesas al acceso a las ayudas municipales son:

-Establecer límites de patrimonio ilegales, ya denunciados por el Ararteko en el año 2015. Denuncia reiterada en 2022 por parte de la defensoría del pueblo. 

El Gobierno Vasco establece una horquilla entre 50.000 y 90.000 euros. El equipo de gobierno ha decidido establecer el límite de ahorro en 22.000 euros. Lo que perjudica principalmente a pensionistas y familias desempleadas o con empleos precarios y que deben hacer frente a altas hipotecas.

-En julio de 2022 el Defensor del Pueblo denunció al Ayuntamiento de Barakaldo por el formulario de acceso a las ayudas de emergencia. Este año vuelve a incumplir esta resolución al negar a las familias la petición simultánea de una ayuda para alquiler -o hipoteca- y la cobertura de necesidades básicas como alimentación, la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza (dentista, oculista y tratamientos) o los gastos de comunidad, luz y agua mediante una cláusula adicional en el formulario de solicitud.

-Demorar hasta en cinco meses la atención y concesión de las ayudas de emergencia, cuando los expedientes se deben resolver en menos de 2 meses.

-Recortar la cuantía máxima establecida por el Gobierno Vasco en 2.500€ para atención sanitaria, necesidades primarias, educación y alimentación a 1.200€.

-Recortar los 1.850€ para gastos de adaptación y reparaciones de la vivienda a 600€.

-Recortar en gastos y mantenimiento de la vivienda habitual (Agua, IBI, Alcantarillado, Seguro, Comunidad), de 1.500€ a 800€ o 400€, si se reside en una vivienda en alquiler.

-Recortar la cantidad destinada a mantenimiento de instalaciones básicas de la vivienda de 1.800€ a 700€.

-Recortar la cuantía correspondiente a gastos de energía de 1.500€ a 500€.

-Recortar la partida destinada a mantener y garantizar instalaciones mínimas de una vivienda o el acceso a electrodomésticos básicos: de 1.850€ a 700€.

Mientras se incrementan las situaciones de precariedad y pobreza en Barakaldo, el equipo de gobierno ha decidido conscientemente dotar de un insuficiente presupuesto a las ayudas económicas municipales, endurecer los requisitos de acceso y recortar la cuantía de las prestaciones a las que tienen derecho las familias de la localidad para hacer frente a sus necesidades más básicas.

Berri-Otxoak surgió hace tres décadas, el 12 de agosto de 1992, y en sus 32 años de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado casi 16.200 familias.