La controversia comenzó en septiembre pasado cuando Osakidetza sacó a concurso el contrato para compra de alimentos, elaboración de las comidas y distribución de las mismas para 112 pacientes y el personal del centro sanitario, así como mantenimiento de equipos de cocina.
La adjudicación será por tres años, con posibilidad de dos prórrogas (dos año años), por lo que el valor total se estima en 4,96 millones de euros, a alrededor de 900.000 euros anuales.
Ante la convocatoria, LAB presentó un recurso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que paralizó el proceso de contratación, y que alegaba que no es verdad que el servicio de salud, como sostiene, tenga que privatiza por "no disponer de medios humanos y materiales", cuando, de hecho, hay ocho técnicos para mantenimiento, entre otros empleados.
LAB advertía además de que, de hecho, entre la plantilla privatizada —subrogada— "no hay personas con el perfil profesional adecuado" para labores de mantenimiento, por lo que se prevé subcontratarlo, con lo que "se está lesionando el derecho" de estos trabajadores de Osakidetza que son empleados públicos "para la realización de los trabajos propios de su categoría".
El sindicato señala en concreto que el hospital barakaldés hay un técnico superior de mantenimiento e instalaciones y siete oficiales de mantenimiento de instalaciones o calefactor – fontanero, pero el OARC ha optado, pese a todo, por respaldar las explicaciones de Osakidetza, que rebaja a cinco los oficiales de mantenimiento disponibles para toda la comarca sanitaria Barakaldo-Sestao, incluidos los ambulatorios.
Además el servicio vasco de salud indica que, en cualquier caso, "estos operarios (público) realizan la primera intervención ante una avería" en la maquinaria del servicio de alimentación, "solucionándola si es posible, y si no lo es por especificidades técnicas, derivándola a los servicios técnicos oficiales".
Para el organismo de arbitraje, "la justificación de la necesidad e idoneidad" de la privatización "se basa en la falta de personal propio cualificado y autorizado para asumir el mantenimiento del equipamiento de cocina, más allá de las actuaciones de 'primera intervención". En cualquier caso, indica el OARC, "no supondrá alteración de las tareas asignadas actualmente al personal de Osakidetza".
El servicio de alimentación privatizado tiene en estos momentos una plantilla de 18 personas, de las que tres son temporales y el resto fijas. Del total, además del jefe de cocina, hay tres dietistas, ocho auxiliares y seis cocineros. En el hospital hay aparte un cocinero empleado público, "claramente insuficiente para la preparación de comidas para un hospital de agudos de 112 camas, quirófanos y servicios de urgencias", según Osakidetza.
