Se ha dado a conocer recientemente el acuerdo entre Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, según el cual las subidas salariales para los próximos tres años no garantizan un incremento equivalente al IPC, con lo que los salarios perderían poder adquisitivo. Pensionistas piensa que tras los salarios, sus pensiones recibirán el mismo tratamiento.
Dado que entramos en campaña electoral, quieren recordar a los partidos políticos con estas movilizaciones que sus reivindicaciones siguen pendientes; particularmente la de establecer una pensión mínima de 1080 €.
Esta es la razón por la que se movilizarán este sábado 13, y el próximo día 25 en Vitoria-Gasteiz, para solicitar a las instituciones autonómicas que complementen hasta dicha cantidad las pensiones actuales.
Otro portavoz insistió en la necesidad de seguir ocupando las plazas de los pueblos semanalmente para reivindicar no sólo unas pensiones dignas y públicas para los y las actuales pensionistas, sino también para las siguientes generaciones.
También consideran imprescindible la movilización semanal para defender un sistema sanitario público y de calidad, con asistencia presencial y suficiente, sin olvidar el facilitar el acceso a residencias para personas mayores; algo que se ha convertido en una necesidad, pero que, dados los precios actuales del servicio, resulta inalcanzable para la mayor parte de las familias. La razón, según Pensionistas, es el carácter privado de dicho servicio, donde prima el afán de lucro de los actuales gestores privados sobre el carácter de servicio público.
En otro orden de cosas también reclamaron unos servicios bancarios accesibles a personas mayores, con atención presencial.
Finalmente, un representante del colectivo contra la exclusión social Berriotxoa expuso la necesidad de que la nueva RGI, que complementa actualmente los ingresos de trabajadores en precario, parados y pensionistas, sea aplicada de oficio para quienes sean acreedores de tal complemento, sin tener que pasar por el actual calvario burocràtico al que se somete actualmente a los y las demandantes de tal ayuda y que en la mayor parte de los casos resulta disuasorio.
También denunciaron la criminalización a la que se ven sometidas las personas perceptoras de dicha ayuda, cuando se han visto asaltadas en sus domicilios por agentes de la Ertzaintza quienes “sin orden judicial, han invadido domicilios, abierto roperos, y registrando servicios, para comprobar la residencia efectiva del perceptor, aunque haya sido el propio perceptor o perceptora quien les haya abierto la puerta”; algo innecesario, según Berriotxoa ya que el fraude entre dichos perceptores es menor al 0,5% , según datos oficiales. Denuncian que esta actitud no es sino un intento de criminalización de la pobreza que afecta a 1 ⁄ 3 de la población de la CAV ( más de 700.000 personas) que están, siempre según datos oficiales, en el umbral de la pobreza o con dificultades para llegar a fin de mes.
Al finalizar llamaron a manifestarse delante de las oficinas de Lanbide para denunciar estas malas pácticas.
Antes de finalizar el acto se dieron cita a las 18:00 de la tarde en la plaza Elíptica de Bilbao, el próximo sábado 13. Anunciaron que el próximo lunes 15 volverán a la Herriko Plaza de Barakaldo.
